Desde hace años, las marchas de protesta pacíficas en la ciudad de México han sido infiltradas por provocadores (vándalos) y éstos, al amparo de la manifestación pacífica, siempre encapuchados, realizan acciones en contra de la policía y ataque a inmuebles públicos y privados.

Las autoridades de la ciudad, aunque dicen saber quiénes son, los dejan hacer. En contadas ocasiones los detienen y horas después los dejan ir. La última intervención de estos grupos ocurrió el 20 de noviembre pasado, en la marcha pacífica de protesta por los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

La acción de estos grupos tiene el efecto final de desacreditar las marchas pacíficas o que éstas pasen a segundo término en la cobertura mediática. Los medios nacionales e internacionales se centran, por su propia espectacularidad, en cubrir los actos violentos que realizan los vándalos.

Lo anterior siembra la duda de si ellos están controlados por la autoridad para desacreditar las marchas de protesta pacífica. Un sector de la sociedad sospecha de que estas acciones pudieran estar orquestadas por el gobierno de la ciudad de México o del gobierno federal.

La protesta contra los vándalos es generalizada e incluye, entre otros, a sectores de la izquierda, y en la última ocasión a los padres de los normalistas desaparecidos.

A pesar de eso, las autoridades locales y las federales nunca hacen nada relevante en contra de éstos.

Hace años se sabe que uno de los cuarteles de estos grupos es el auditorio Justo Sierra, rebautizado como Che Guevara, de la UNAM. Un reporte de inteligencia federal revela que en ese espacio se preparan artefactos explosivos que después se usan en las manifestaciones.

En el documento se identifica con nombre y apellido a una veintena de esos “vándalos”. La cabeza visible es Jorge Mario González García, quien estuvo preso y fue liberado el último 31 de octubre. En las protestas del pasado 20 de noviembre no fue detenido ninguno de éstos. ¿Por qué la UNAM deja que sigan en su espacio?

Por los hechos frente a Palacio Nacional, ese mismo día, se arrestaron a 11 presuntos vándalos. Esto provocó la reacción inmediata de organismos defensores de los derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional (AI), que aseguraron eran inocentes. El viernes 28 de noviembre, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció que no había pruebas suficientes, para sostener la acusación y el sábado fueron liberados.

Estamos ante un fracaso más de la autoridad federal y local. En la televisión se podía identificar quienes atacaban Palacio Nacional. ¿Por qué no detener a esos y sí a otros? ¿Es incapacidad de la policía? ¿Es que no existe una real voluntad de terminar con este fenómeno? La autoridad tiene que responder. Ahora deben reparar el daño y pedir perdón a los arrestados de manera injusta.

Twitter: @RubenAguilar