En rigor, uno de los graves problemas -de los múltiples- que tendrá que enfrentar con decisión el presidente Enrique Peña Nieto, si es que quiere rescatar la confianza de la ciudadanía en las instituciones, es el relacionado con el de la corrupción.

El otrora aclamado presidente -quien sacó adelante las reformas estancadas por una generación-, es hoy un líder cuestionado y los mexicanos piden su renuncia por incompetencia y corrupción.

Sobre este último tema, discursos van y discursos vienen y este grave problema social sigue sin ser tocado a fondo, muy a pesar del control de daños que el gobierno federal ha querido hacer con motivo de las revelaciones de los conflictos de interés que la prominente pareja presidencial tiene con la empresa de Juan Armando Hinojosa, que vendió la casa a la primera dama, Angélica Rivera; y es la misma empresa que vendió una propiedad al Secretario de Hacienda, Luis Videgaray en Malinalco, Estado de México, y éste es uno de los empresarios (Grupo Higa) más cercanos al presidente Enrique Peña Nieto.

El conflicto de interés se refiere, en el caso de una figura pública cuyas decisiones afecten a una sociedad, a una situación en la cual tanto la valoración como la acción que realice, pueda estar influida por un interés secundario, personal y económico. Puede no concretarse, pero el sólo hecho que exista la posibilidad –la subjetividad siempre acompaña al conflicto de interés–, obliga a la persona pública a evitar ese tipo de situaciones.

A un mes de llegar a la Presidencia, en enero de 2013, Peña Nieto propuso una modificación legal que le dio al traste al diseño institucional implementado desde el Presidente Miguel de la Madrid, pues en 1982, su antecesor José López Portillo cerró su sexenio en medio del escándalo de la corrupción.

Con una crisis de confianza y credibilidad, Miguel de la Madrid lanzó su campaña de la renovación moral de la sociedad. Como parte central de tal cruzada anticorrupción, creó la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (SECOGEF). Esta dependencia centralizaba todas las labores de auditoría interna del gobierno federal. En cada una de las dependencias del gobierno, desde Bellas Artes hasta Pemex, había una oficina de auditoría encargada de vigilar el uso del dinero público. Este ejército de auditores era nombrado y removido directamente de la Secogef, que después se transformó en la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Los funcionarios federales temían tanto de los auditores internos, que por ejemplo el ex Senador Gustavo Carvajal Moreno, ex director de diversas dependencias como TABAMEX y Caminos y Puentes Federales, gustaba de contar a sus allegados de una anécdota muy elocuente: «¿Sabes quién tiene el mejor lugar de estacionamiento en el edificio de CAPUFE? No es el Director General, sino el auditor interno».

Estos Órganos Internos de Control eran un verdadero dolor de muelas para los servidores públicos, ya que reportaban los pecados menores y las infracciones mayores a la SFP. Estas «embajadas» de la Función Pública en toda la estructura de gobierno le daban al Presidente una visión panorámica de las transas y corruptelas en su administración. Esta red de auditores, le permitía al Presidente administrar la impunidad o el castigo de sus colaboradores. No era un modelo perfecto, pero en alguna medida logró reducir la corrupción en los cuadros medios de la administración pública.

Ahora con la mascarada propuesta por el gobierno de Peña Nieto, cada Secretario de Estado o director de dependencia nombra y remueve a su propio auditor interno. Los vigilantes del buen uso del dinero público son subordinados directos de los sujetos que deben vigilar. En este sistema de auditoría entre compadres, la Secretaría de la Función Pública se ha convertido en un zombie burocrático.

Lo peor del caso es que los legisladores del PAN y el PRD se bebieron completo el kool-aid de la propuesta, porque a cambio se forjaría una sólida fiscalía anticorrupción. Hoy los ciudadanos, la oposición y los ciudadanos honestos, fuimos engañados por las promesas del presidente de la República. Se eliminó el imperfecto sistema anterior y a cambio el PRI y el PVEM proponen una farsa institucional como sistema nacional anticorrupción.

Y es que en los pronunciamientos retóricos sobre el tema de la corrupción, se dice una cosa y se actúa de otra manera totalmente distinta. No hay congruencia en el discurso oficial entre lo que se dice y lo que se hace. Al respecto, especialistas calculan que “en la última década, la corrupción ha provocado que cerca de 6 mil millones de dólares desaparezcan de las arcas del Estado. Una realidad que tratará de combatir el Congreso (de la Unión) con la aprobación de la ley anticorrupción, que ha generado grandes expectativas sobre la posibilidad de que se consiga transformar una realidad que lleva décadas instalada en el país”.

Pero ahora que se habla de que va en serio la batalla contra la corrupción, paradójicamente en la entidad habilitan en cargos públicos de relevancia a políticos que otrora fueran exhibidos y separados temporalmente de sus puestos por incurrir en prácticas ilícitas, de corrupción en el desempeño de sus funciones.

Son los conocidos mapaches electorales que desviaron recursos puestos a disposición para beneficio social y que fueron utilizados indebidamente para apuntalar financieramente campañas político-electorales. No es posible que con tales antecedentes se les premie y además se ponga en entredicho el discurso gubernamental del Gobernador Javier Duarte de Ochoa.

Como acertadamente lo explica la experta politóloga María Amparo Casar, “Peña Nieto y su partido se comprometieron en campaña a combatir de frente y sin titubeos la corrupción. No sólo no la han combatido, la han tolerado. La han practicado. Ni siquiera han cuidado que el Presidente y su círculo más cercano estén al margen de actos presuntamente delictivos o, al menos, de incurrir en conductas de dudosa pulcritud y ética pública, CAPUFE, el tren México Querétaro, la Casa Blanca del Pedregal y ahora el préstamo de Grupo Higa al Secretario de Hacienda. Ya se sabe, hoyos en la ley para exculparlos siempre habrá”.

Y consigna también: “Los legisladores no han sido mejores. Más de un coordinador parlamentario y diversos legisladores han sido señalados por cometer actos de corrupción o por faltar al principio de Transparencia. Gobierno y oposición desprecian a la opinión pública porque se saben intocables”.

Incluso, la iglesia católica, aliada incondicional del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, hace un llamado a evitar prácticas corruptas en la política mexicana, porque de no hacerse así, advierte, “nuestra débil democracia quedará hecha añicos”.

EL PILON
Al retornar de su período vacacional, empleados de la Secretaría de Finanzas y Planeación se dieron cuenta que el titular de la dependencia, Mauricio Audirac Murillo, les vio la cara y los sorprendió. A través de las redes sociales, desmintieron al funcionario que había declarado a finales del año pasado que se habían cubierto los pagos correspondientes a salarios y aguinaldos cuando en realidad se hicieron paguitos chiquitos y a destiempo.

Dicen que el último día de trabajo del 2014, Audirac anunció con bombo y platillo el regalo de un pavo a cada uno de los cerca de 2000 empleados de SEFIPLAN, deseándoles feliz navidad, pero con lo que no contaban los trabajadores es que ese sería el único platillo que degustarían con sus familiares, porque el pago de gratificaciones llegó tarde.

Ahora Audirac, nos dicen, hace malabares para justificarse con sus subordinados y aparentar como si nada hubiera pasado.

¡Que cabrón!
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