Elecciones, turbulencia y explosiones

Después de las reformas de los años setentas del siglo pasado en materia electoral, cuando el sistema mexicano en ese ramo fue logrando por medio de la ley avances reales, en el respeto al voto ciudadano, las cosas empezaron a ir de otra manera.
Fueron corrigiéndose las artimañas negativas que ensuciaban los comicios y que manchaban los resultados. Desvíos que caracterizaron un largo tiempo al PRI, como creador Y ejecutor de todo un mecanismo pernicioso que alteraba la voluntad ciudadana y producía efectos sumamente indeseables.
El marco jurídico se modificó y la democracia fue imponiendo su orden, lo que dio como efecto inmediato la lucha real por el poder. Crecieron y se fortalecieron con el nuevo orden los partidos políticos que aprovecharon lo que la nueva legislación les ofrecía como modo de operar y sobre todo las abundantes prerrogativas que la propia ley les concedía. Fue una realidad el respeto al sufragio.
De esta manera fue aumentando el poder de los partidos políticos y paralelamente su fuerza real. Sin embargo al no haber otra vía para acceder a las candidaturas, solamente las que los partidos propusieran, fue deteriorándose el rigor con que estos seleccionaron a sus candidatos.
Una muestra fehaciente de ello ha sido el candidato del PRD al ayuntamiento de Iguala, que sin el menor filtro ni análisis previo el abanderado propuesto, resulto ser una verdadera “ficha”, un pillo de “siete suelas”, por lo menos.
En menudo lio, después de los lamentables acontecimientos de Ayotzinapa, atrapado, se ha visto el gobierno. Gobierno es el Poder Ejecutivo, sustentado en el marco jurídico del Estado nacional; integrado este por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como por los tres niveles de gobierno, federal, local y municipal.
Pero el gobierno de la República no es solamente el ejecutivo federal, también está constituido por los ejecutivos de los gobiernos de los estados y de los municipios que tienen las facultades que las propias leyes les confieren y obligan. Los otros poderes, legislativo y judicial, tienen su privativo ámbito de función, tanto en lo federal como en lo local.
No es solamente el gobierno de la federación el responsable de toda la función pública del país. Son las entidades y los municipios por medio de sus autoridades, elegidos por sufragio popular, los directamente encargados de hacer cumplir la ley que, al tomar posesión de sus cargos, juran y perjuran cumplir y hacer cumplir.
La realidad es que tanto estados como ayuntamientos, han perdido potestad, a veces por falta de recursos económicos, otras por conveniencia, por molicie y lo que es peor, por connivencia con grupos de presión criminal o de otra naturaleza. Y así se ha caminado por mucho tiempo, alimentando distorsiones de magnitud tal que han puesto a cuestión si México es un Estado nacional, en trance de ser declarado fallido.
Las consecuencias de los terribles hechos del estado de Guerrero, donde hasta al ejército federal se le ha perdido el respeto, mueven a exigir la total responsabilidad, abandonada, de las obligaciones de estados y municipios. El argumento simple es que las causas que provocan estos indeseables efectos, son tanto de orden político como económico. No es tan sencillo.
La alternancia en el poder federal de doce años, modificó las relaciones entre la federación y los estados y municipios y ello condujo a un innegable debilitamiento de las relaciones entre los poderes y consecuentemente con los municipios, en algunas regiones del país.
Dentro de este marco de cosas, en unos meses se celebraran elecciones para renovar el Poder Legislativo Federal. Ya ha comenzado el proceso formal. Los partidos habrán de seleccionar a sus candidatos con suma precaución, sin sombra de sospecha. El Estado mexicano deberá cumplir con la ley y con la moral electoral. En esta ocasión, por primera vez se inicia la posibilidad de tener candidatos independientes.
Viene la segunda parte del gobierno del presidente priista Enrique Peña Nieto. Necesita tener mayoría en el Congreso para poder instrumentar su propuesta legislativa. El compromiso de los estados, con gobernadores priistas es obtener la mayoría de los diputados de ese partido y entregar buenas cuentas al presidente.
Las preocupantes horas que atraviesa la República, no permiten hacer buenos pronósticos. La turbulencia económica que en estos días representa la caída en los precios del petróleo y la merma en su producción, aunado a la inestabilidad en algunos estados; la inseguridad y crimen que prevalecen, así como el titubeo para resolver asuntos de grave interés nacional, no auguran un proceso electoral exento de incidentes.
La necesidad de reducir el gasto público y de inversión en el país, no emite ninguna señal tranquilizante. Por el contrario, advierte de inmediatas épocas de dificultad en la economía de personas e instituciones. La menor recaudación fiscal sin incremento de impuestos, que es la política por la que se determinó el gobierno, habla de sacrificios que al final castigarán a todos los mexicanos, mayormente a la clase media.
La cancelación de macro proyectos viales y ferroviarios de alta especificación, indican lo delicado del asunto sin considerar otras causas como la sospecha de corrupción en altas esferas del poder público. Todo ello sin abordar los últimos acontecimientos explosivos en Cuajimalpa y en Xalapa por negligencia y falta de atención en aspectos de seguridad en el manejo de equipos peligrosos que ocupan gas.
Por otra parte, los actos de inseguridad social están repuntando con personas muertas violentamente a tiros en las calles o decapitados exhibidos públicamente con leyendas amenazantes, para horror de la población pacifica.
Este es el panorama a cuatro meses de la jornada electoral federal de junio próximo. Es el tránsito a la democracia. No siempre ni diáfano ni convincente pero, en fin, es el camino para lograr esa difícil y de cierto modo inconquistable Democracia por el libre voto ciudadano. Voto democrático por medio del cual se puede demandar una conducta irreprochable a los elegidos.
Falta aun perfeccionar la ley electoral con figuras sancionadoras para quienes hayan sido elegidos por el sufragio popular y no cumplan fielmente con su responsabilidad. Insoslayable materia pendiente.