La integración plena de todos los miembros de la sociedad en sus derechos y obligaciones, es lo que distingue a un Estado democrático. Mientras algunos sectores poblacionales no gocen cabalmente de sus derechos, se tiene que arar mucho para lograr la meta.
De acuerdo con los datos arrojados por el último Censo de Población y Vivienda realizado en 2010, en nuestro país hay 5 millones 739 mil 270 personas con algún tipo de discapacidad. Esta cifra equivale a 5.1 por ciento de la población total.
Sin embargo, dos años después, al realizarse la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012, por el mismo Instituto Nacional de Geografía y Estadística, se reporta que 6.6 de la población mexicana tiene alguna discapacidad, y en su mayoría son adultos mayores, que representan 51.4 por ciento del total.
Según esta Encuesta, en 6.1 de los 31.5 millones de hogares del país, se reporta que –al menos– vive una persona con discapacidad. Es decir, que en 19 de cada 100 hogares hay alguien con estas características.
De acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, presentada en 2001, “las personas con discapacidad son aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, y que al interactuar con distintos ambientes del entorno social pueden impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a las demás”.
¿Pero, qué es una persona con discapacidad? Son quienes tienen dificultad para caminar o moverse, para ver, una dificultad mental, para escuchar, para hablar o comunicarse, para poner atención y su aprendizaje y para cuidarse por sí mismas.
En mayo de 2012, el director de Atención a la Discapacidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Hugo Alberto Vázquez Vázquez, dijo en esta ciudad que “Veracruz ocupa el cuarto lugar nacional por su número de personas en discapacidad, con más de 415 mil 569 individuos en estas condiciones”.
Si bien en la entidad contamos con el marco legal para su integración, además de un Consejo en la materia, hace falta redoblar esfuerzos.
En ese sentido, la presidenta de la Comisión Especial para la Inclusión de Personas con Discapacidad de la LXIII Legislatura del Estado, María Belén Fernández del Puerto, hizo hincapié en fomentar y consolidar una cultura de respeto hacia las minorías con alguna discapacidad.
“Afortunadamente, esta cultura del respeto a sus derechos es más visible. En los sitios públicos, cada vez más personas respetan los lugares destinados a quienes viven con alguna discapacidad, y las empresas y oficinas de gobierno contratan sus servicios, lo que resulta alentador.”
Como he comentado en anteriores ocasiones, no basta con leyes y buenas intenciones ni que el Gobierno haga todo. Debemos sumarnos y avanzar. El esfuerzo es conjunto, pero en este caso es de elemental sentido humanitario respetar a quienes de una u otra manera pueden encontrase indefensos. Sobre todo nuestras ancianas y ancianos. ¿De acuerdo?
Por hoy es todo, nos leemos en la próxima entrega. Que tenga un excelente día.
