Para Luis Carlos Ugalde, expresidente del Consejo general del Instituto Federal Electoral, (IFE) la deformación del poder conocida como corrupción, “es un problema histórico, pero en los últimos años se ha detonado una espiral que la ha llevado a niveles que están generando un proceso de descomposición de la clase política, destruyendo la confianza en las instituciones políticas, deteriorando el proceso de planeación y obra pública y afectando la productividad del país”.

El brillante intelectual y político mexicano va al meollo del problema al señalar que “México ha dado pasos constantes y graduales en las últimas tres décadas para construir un andamiaje administrativo y legal para combatir la corrupción (por ejemplo, leyes, controles, la Secretaría de la Función Pública), pero no ha hecho lo más relevante que es aplicar la ley sin excepciones una y otra vez, sea quien sea el infractor. De poco sirve contar con mejores normas para licitar obra pública-como efectivamente existen en México respecto de hace 15 años- si a la hora de aplicar la ley hay criterios políticos o si la propia autoridad es la encargada de darle la vuelta.

De poco servirá-puntualiza- contar con nuevas leyes anticorrupción o con un sistema nacional si no se aplican. Garantizar su aplicación requiere cambiar los incentivos políticos y recomponer el sistema de pesos y contrapesos de la democracia mexicana. Por ejemplo, reconstruir los incentivos para que los congresos recobren su función de vigilantes, para que sean los diputados los más interesados en revisar cómo se ejerce el gasto público, para que los regidores combatan el peculado a nivel de ayuntamientos. Si esos actores políticos no ejecutan sus obligaciones políticas, se podrán aprobar nuevas leyes o crear una comisión interestelar de combate a la corrupción y las cosas cambiarán poco”.

Luis Carlos Ugalde, licenciado en economía, con maestría en administración pública y doctorado en ciencia política, escribe un extenso y profundo trabajo de investigación en el que aborda diversos matices sobre el problema de la corrupción en México, que publica la revista Nexos en su más reciente edición y que titula La Democracia multiplicó la corrupción.

En su interesante texto, Ugalde plantea que “Aunque el germen de la corrupción no surge del financiamiento paralelo e ilegal de campañas políticas, ese fenómeno ha disparado la corrupción a niveles inéditos. Combatir la corrupción requiere romper el círculo vicioso y ascendente de campañas caras que requieren financiamiento ilegal y luego pagarlas desde los gobiernos mediante obra pública, permisos chuecos o malversación de fondos públicos. No hay otra forma de contener el problema de la corrupción sin antes revisar el financiamiento de las campañas. Ninguna de las reformas electorales recientes ha abordado ese problema, que además es un problema que va más allá de la materia electoral”.

Consigna también que “En los últimos 30 años México ha tenido avances significativos en materia de construcción normativa e institucional para controlar y prevenir la corrupción. La propuesta para crear un sistema nacional anticorrupción es positiva pero incompleta. Antes se requiere romper los grilletes que tienen capturada a la clase política: financiamiento paralelo, moches, prerrogativas, confort”

Además, en su excelente aportación, el reconocido politólogo cita: “Aunque el problema de la corrupción seguía creciendo en todas las regiones del país y era practicado por miembros de todos los partidos políticos, el nuevo gobierno optó por ignorar el elefante que engordaba día a día y ocupaba más espacio en la sala de la casa. El problema se empezó a salir del control porque en los medios y en las redes sociales estallaban cada vez más escándalos de corrupción a mayor o menor escala: los “moches” de diputados del PAN, las extorsiones de algunos delegados del PRD en el Distrito Federal, el peculado de ex gobernadores del PRI. La cúspide del escándalo ocurrió cuando se destapó en la prensa el caso de la “Casa Blanca”, propiedad de la primera dama del país, que reflejaba un claro conflicto de interés del propio presidente, pues la propiedad había sido adquirida en un trato privado con uno de los mayores contratistas de obra pública del anterior gobierno del mandatario, en el estado de México (2004-2010 ).

De refilón, el expresidente del Consejo general del desaparecido Instituto Federal Electoral, le da su toque a los medios de comunicación. Afirma que “para recomponer su función de alertas sociales, para denunciar la corrupción, se deben reducir las cantidades ingentes de dinero oficial. Se necesitan medios que vivan de sus lectores, no de los directores de comunicación social de los gobiernos. Transitar hacia medios profesionales que respondan al interés público es una ruta muy conflictiva porque implica la muerte de muchos panfletos y publicaciones sin lectores, pero que han contaminado el mercado”

EL PILÓN

Al titular de SEFIPLAN, Mauricio Audirac Murillo le salió caro regar el tepache político. Ahora, los empresarios veracruzanos recibirán en charola de plata la cabeza del imprudente e insensible funcionario veracruzano. Cuestión de días.

Se dice que las negociaciones llevadas a cabo en una residencia de la privada de Basurto, en esta ciudad, entre los rijosos y el árbitro central, fueron precisamente eso, negociaciones, que finalmente, transcurridos algunos días, le permitieron al jefe cavilar sobre la posibilidad de cortar la cabeza de su importante subordinado, sin demostrar debilidad política.