Me pregunta en un chat mi amiga Charo sobre algunos delitos, y se me ocurre que es un buen tema para tratar con los escasos lectores que amablemente siguen esta columna. Porque normalmente no conocemos algunas maneras sofisticadas o no tanto, que se utilizan para cometer delitos sin que aparentemente se cometan.
El clásico ejemplo es el de un funcionario público, sea alcalde, director de alguna paraestatal, paramunicipal, gobernador, presidente de la República, director de obras públicas, director de compras, en fin, cualquiera con poder de decisión. Estos funcionarios tienen la posibilidad de otorgar contratos de compra de bienes y/o servicios a algunos elegidos. Así, a nivel nacional nos enteramos de la constructora Higa, pero en todos los niveles sucede lo mismo. Los responsables de supervisar las cuentas públicas se hacen tontos, pero es clarísimo que algunas empresas, constructoras, comerciales o de servicios son las preferidas de ciertos municipios, estados, secretarías de estado, federación, paraestatales, etc. Y sería facilísimo hacer un análisis para verificar quien se lleva las licitaciones, aunque el responsable presuma de una honestidad que ha tenido que dejar de lado, por instrucciones de sus superiores.
Estas empresas que ganan las licitaciones tienen distintas variantes, desde aquél que corresponde con un favor político, hasta el que entrega una parte de las utilidades a quien le apoyó para obtener la licitación. Y las variantes son infinitas. Imagine usted un ayuntamiento como el de Córdoba, con más de cien vehículos, (este ejemplo es ficticio, no es señalamiento), y que el responsable de mantenimiento tenga nexos o sea propietario de una refaccionaria. Sólo le entregaría las licitaciones para reparara los vehículos y darles mantenimiento, a aquéllos talleres que compren en su refaccionaria las piezas que se requieran. Otro caso sería el del líder político que recibe obra pública para realizarla, a cambio de favores políticos a quien se la otorga. Una tercera opción es encontrar ¨favoritos¨, por ejemplo que a una sola empresa le compren todos los requerimientos de software y hardware, e incluso que modifiquen alguna licitación por no cumplir con los requisitos de certificados que trae la licitación original.
Una muy socorrida, ha sido la de otorgar obra pública a constructoras que compren materiales en la tienda que se les indica, de preferencia propiedad de quien otorga la licitación. O que subcontraten la misma obra pública a las constructoras del que decide la licitación. E incluso, le otorgan la obra pública a quien le rente maquinaria y equipo a quien decide al licitación. En todos los casos el contratista no es el funcionario, pero el funcionario es el beneficiado con la obra pública. A fin de cuentas el presupuesto de obra pública, o de computación o de papelería, o hasta de regalos, se va a ciertos consentidos de cada administración, haciendo a un lado la libre competencia y discriminando a personas que podrían haber dado mejor servicio o mejor precio.
Lo descrito anteriormente es parte de lo que se conoce como ¨reparto del botín¨. Pues no sólo se reparte incrementando la nómina y otorgando sueldos estratosféricos a los amigos. El botín es mucho mayor. Prácticamente el botín es la totalidad del presupuesto de la dependencia en análisis, y todos y cada uno de sus rubros de gasto e inversión están sujetos a ser saqueados mediante técnicas de asignación de licitaciones a quienes más beneficien al dueño provisional de dicho botín.
Pero estos no son los únicos delitos en que incurre un servidor público Hay otros, que también dañan a la sociedad. Esos que se realizan por la no acción del servidor público, por el famoso incumplimiento de un deber legal. Recordemos que mientras los particulares podemos hacer lo que deseemos teniendo como único límite la ley, los servidores públicos sólo pueden y deben hacer lo que la ley les indica que hagan.
El día en que se escribe este artículo se comentaba en un foro por allí sobre los cientos de ejemplos en que un funcionario no cumple ni hace cumplir la ley. Desde cuando los policías observar alguna conducta antisocial infraganti y en lugar de intervenir se hacen a un lado y se desentienden. O cuando cualquier funcionario está obligado a vigilar alguna conducta ciudadana para verificar el cumplimiento de la ley y se desentiende. Por ejemplo, quien en salubridad debe vigilar la calidad de los alimentos que consumimos. Quien debe de vigilar que no se contamine, y vemos contaminación en todos lados, sin que ninguna autoridad intervenga. Y así, podríamos llenar un libro del tamaño de diez biblias de conductas que convierten el ser, en algo totalmente distinto del deber ser. México es el segundo país más corrupto de los medidos en la última encuesta de alguna ong internacional. Así que en este país hay mil y un opciones de no cumplir la ley. La más ominosa es la que vemos en las instituciones de seguridad, de procuración y de administración de justicia, que en México somos un ejemplo a nivel mundial de cómo no hacer las cosas, o dicho de otra manera, de la mediocridad, y lo pésimo que puede ser un servicio público cuando hay desinterés de los gobernantes para proporcionarlo y cuando así conviene a todos los que de la falta de seguridad y justicia se benefician.
Así, estimada Charo, hay delitos que no están tipificados como tales, pero lo son, por la simulación y el beneficio que del presupuesto público logran los funcionarios y sus recomendados, y por otra parte, los delitos de omisión, en dónde el funcionarios público sólo aplica la ley cuando le conviene, y en el 99% de los casos no la aplica, por desidia, incompetencia, o simplemente conveniencia.
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