La Historia es una ciencia social, y como tal no sólo debe narrarse sino contener elementos que permitan comprobar lo que se afirma, de esta manera se evita convertirla en un simple cuento, de esos que abundan en nuestro universo político tercermundista, que ni los mexicanos ni los veracruzanos merecemos. Sobre la bursatilización como herramienta de desarrollo nada pudiera argumentarse en contra, siempre que la aplicación del recurso así obtenido se haga con honestidad, responsabilidad y eficiencia. A continuación se presenta en síntesis fragmentos del proceso que en el gobierno estatal precedente llevó a la bursatilización del 20% del impuesto a la tenencia y uso de vehículos correspondiente a los municipios veracruzanos, con el argumento base de adelantar infraestructura.
En aquel entonces, 2008, la fiebre bursatilizadora estaba en su apogeo y la impulsaba un desaforado deseo de pedirle prestado dinero al futuro sobre la base de adelantar las obras que tanto requería la modernización de la entidad veracruzana. Después de conseguida la bursatilización del 80 por ciento del impuesto a la tenencia de vehículos, el plan bursatilizador debía consumarse al cien por ciento, pero el 20% restante estaba en los 212 municipios de la entidad y había que convencerlos. Para esa tarea auxiliaban a Javier Duarte, Secretario de Finanzas, el Director del Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal, Alberto Silva Ramos, y Jorge Carvallo Delfín, asesor técnico del Programa de Bursatilización, obviamente los diputados priistas coadyuvaban en esa labor de convencimiento.
Según la intencionada consigna, por voz de Silva Ramos se sabía que para abril de ese año 180 municipios habían decidido bursatilizar en la Bolsa Mexicana de Valores, por 30 años, el Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos. El procedimiento bursátil acercaría recursos adicionales por mil 500 millones de pesos, pero implicaba que las próximas 10 administraciones municipales no recibirán los recursos de dicho gravamen, pero “la obra pública estará allí”. La presión sobre los ayuntamientos fue impresionante y se puso como fecha tope para entrarle el 31 de mayo de 2008.
Duarte de Ochoa subrayaba: “Se trata de explicarles de manera puntual acerca de los beneficios de la bursatilización, porque si los 212 municipios aceptan incorporarse a este esquema financiero, podrían acceder a una bolsa de 1,500 millones de pesos que se distribuiría según el tamaño de cada ayuntamiento, como es el caso del puerto de Veracruz que recibiría cerca de 120 millones de pesos para infraestructura (…) Nosotros queremos transmitirle a los ayuntamientos estos mecanismos financieros, que les permitan tener mayor margen de maniobra financiera, porque muchos recibieron deudas que les imposibilitan tener un gasto desahogado en sus programas de obra pública” y los ayudará a “acceder a recursos importantes para obras de infraestructura urbana que difícilmente podrían con presupuestos limitados…En un plazo de dos semanas, confió en que la totalidad de los municipios con algunas excepciones, utilizarán de manera correcta la bursatilización…”.
No era fácil mover a la burocracia política municipal, pero no pocos alcaldes caían en la tentación de imitar lo que se hacía a nivel estatal con el recurso público, pues se trataba de dinero adicional sobre cuya aplicación habría poco control con planes municipales diseñados al vapor. Sin embargo, al fenecer el plazo de 31 de mayo sólo se tenía la solicitud de 100 ayuntamientos, según reconocía el presidente de la Comisión de Hacienda Municipal, Julio Hernández Ramírez.
Para apresurar el paso se intensificó el cabildeo organizando reuniones regionales para convencer de las bondades del procedimiento bursátil. El 4 de junio de 2008 llegó a San Andrés Tuxtla el Secretario de Finanzas para escuchar las inquietudes de los empresarios; allí, Jorge Carvallo Delfín anunció la utopía de una inversión económica de 150 millones de pesos para el desarrollo de proyectos ecoturísticos que incluían la construcción de la carretera costera de Los Tuxtlas, de la que evidentemente nueve años después ni la intención sobrevive, ¡claro! Sólo se trataba de una promesa acorde con una muy atípica forma de gobernar. Para enganchar a más ayuntamientos se requería de un gancho adicional y se inventó el Programa Peso a Peso, que el gobierno estatal entregaría a los ayuntamientos que aceptaran la bursatilización, entonces recibirían 3 mil millones de pesos.
Ya en perspectiva se sabe que desde aquellos tiempos, junio 2008, rondaba el fantasma del adeudo gubernamental a los empresarios, así lo manifestó el presidente de la Canacintra-Xalapa, Miguel Aguilar Morales: “varias dependencias del Gobierno del Estado adeudan millones de pesos a socios de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación por la ejecución de diversas obras, los cuales se arrastran desde hace un par de años (…) Fidel Herrera es un gran aliado de la Canacintra y de los empresarios, sin embargo, demandamos que las dependencias y funcionarios agilicen los pagos y simplifiquen los trámites burocráticos para que se pague a socios de la cámara y a constructoras, proveedores de insumos, prestadores de servicios que estamos siendo afectados por esa falta de pago”, ¿qué hay de nuevo bajo el sol?
La bancada panista se oponía al proyecto burstilizador del 20% del impuesto a la tenencia correspondiente a los ayuntamientos, pero no evitó que 203 Ayuntamientos aceptara. Y el Congreso autorizó “efectuar las operaciones para constituir un fideicomiso bursátil irrevocable por 29 años, cuyos fines principales serán la emisión y colocación de valores en el mercado bursátil mexicano hasta por el equivalente a la cantidad de un mil 500 millones de pesos, así como servir de instrumento de pago de las obligaciones derivadas o relacionadas con la emisión y colocación”. El dictamen establece que “cualquier disposición que emita el Congreso del Estado con posterioridad al presente Decreto, no podrá desvirtuar o reducir las obligaciones que asuman el Gobierno del Estado y los Municipios participantes del fideicomiso bursátil en virtud de la emisión de valores que se autoriza”. O sea, más seguro, más amarrado.
En ese documento se define que los recursos “no podrán ser utilizados por los Municipios para sufragar gasto corriente y deberán destinarse a financiar las inversiones públicas productivas determinadas por cada Ayuntamiento, pero en todo caso sólo podrán aplicarse a la ejecución de obra pública de impacto social y/o pago de su deuda previamente contratada con instituciones financieras o bancarias, siempre que se encuentre inscrita en el registro de deuda pública correspondiente”.
David Velasco, alcalde de Xalapa, que en principio había declarado que no entraría a la bursatilización, cambió su postura y hasta comentó que “el Ayuntamiento a su cargo duplicará su presupuesto anual gracias a la bursatilización del 20 por ciento de los recursos municipales del Impuesto a la Tenencia Vehicular… se impulsará la construcción del puente Galaxia… la construcción de cinco distribuidores viales… un nuevo rastro, de primer nivel, imposible de construir sin el recurso obtenido a través de la bursatilización”.
¿Qué ocurrió con los recursos obtenidos a través de esta bursatilización? Ya sabemos que lo único cierto es la deuda que pagan los ayuntamientos, que nada o muy poco se reflejó en nueva infraestructura y que los ayuntamientos de aquel entonces quedaron como el chinito, sólo mirando ¿entonces? ¡Esa es la cuestión! Peeero, con el cuento de que «bursatilizar es vender bienes futuros, no constituye deuda…” el siguiente paso fue… sí, acertó, otra bursatilización, esta vez se trataba del 5 por ciento de las participaciones federales que recibe Veracruz. Pero ese es un cuento de terror, lo estamos padeciendo los veracruzanos y lo sufre a su manera el gobierno estatal.
alfredobielmav@nullhotmail.com sociedadtrespuntocero.com
Mayo-10-2015.
