Cada vez son más frecuentes los hechos de ciudadanos comunes que buscan justicia por su propia mano, casos que lamentablemente han venido creciendo preocupantemente en las últimas tres décadas. Díaz-Fuentes, en su libro “Los linchamientos en México”, afirma que del año 1984 al 2001, existieron de menos 294 casos de linchamientos o intentos del mismo, en diferentes puntos de nuestro país . Sin embargo, del año 2000 a la fecha la cifra ha ido en aumento de manera escandalosa.
Basta recordar los lamentables sucesos del año 2004 en el que dos hombres fueron quemados vivos y uno herido gravemente durante un linchamiento perpetrado por más de 300 pobladores de San Juan Ixtayopan pertenecientes al municipio de Tlahuac, DF.,luego de que fueron presuntamente sorprendidos tomando fotografías a niños afuera de una escuela.
Otro caso lo fue el de la comunidad de “Las Ollas” de San Juan Chamula, Chiapas, en 2013, en la que los pobladores detuvieron a dos delincuentes acusados de haber dado muerte a una joven, los lincharon y prendieron fuego a la vista de todos y las autoridades no llegaron a tiempo.
Igualmente, el estado de inseguridad que se ha venido viviendo en diversos puntos del Estado de Michoacán desde hace décadas—puesto al descubierto en los últimos 3 años en particular en Tierra Caliente–, en donde los autodefensas han buscado hacer frente a los grupos delincuenciales al margen de los poderes locales y donde el gobierno federal ha tenido que intervenir tomando su papel para garantizar la seguridad de los ciudadanos, ante la existencia –en el tiempo– de gobiernos débiles, corruptos y finalmente fallidos.
Pero también hay casos que ocupan la atencion de los últimos días. El pasado domingo 14 de junio del presente, tres supuestos ladrones que intentaron robar a un taxista fueron detenidos por los habitantes de la comunidad de Santa María Tulpetlac, del municipio de Ecatepec que obligó la presencia de la policía , pero dado que los vecinos no querían que éstos se lo llevaran porque pedían la presencia del Ministerio Público, al no llegar, se enfurecieron y empezaron a agredir a los delincuentes, a los policías y a prender fuego a su vehículos, dicha agresión fue repelida y en esa refriega salieron varias personas civiles lesionadas.
Y en nuestro estado, lo acontecido el lunes 15 de Junio pasado, en la población de Tamiahua, Ver., donde como respuesta al daño causado a un joven por unos policías el pasado 8 de junio y como consecuencia de la golpiza que le dieran falleciera 4 días después, los ciudadanos de esa localidad realizaron una marcha el pasado lunes protestando y exigiendo justicia, siendo aprovechado por grupos delincuenciales que se involucraron en la manifestación realizando actos vandálicos, quemando el Palacio Municipal y dañando la casa del Alcalde de esa ciudad.
O como los hechos suscitados apenas el 16 de Junio del presente, donde vecinos de la Región 248, fraccionamiento Villas del Mar III, de Cancún, Quintana Roo, hicieron justicia por su propia mano al atacar a un ladrón, el cual recibió varias puñaladas cuando intentaba meterse a un domicilio de la zona, no obstante que los cuerpos de seguridad llegaron a tiempo, lo rescataron y lo llevaron a atencion medica, el sujeto se les escapó de los servicios médicos. Etc., etc.
Tales casos de autodefensa o de linchamiento, no son más que la expresión popular del hartazgo y del rechazo a vivir en la intranquilidad; desgraciadamente como una contraofensiva al escandaloso delito violento, surge la reacción irracional humana, demostrando su resistencia a la opresión y a la amenaza. Todo, para infundirle miedo al perverso delincuente, así como el delincuente especula con el miedo del ciudadano.
Ante todo esto, hoy por ello surgen más seguido voces para que se permita que las personas civiles se armen hasta los dientes para poder defender su integridad personal y la de su familia, porque ya no es posible continuar sobreviviendo sobrecogidos y no es posible que el azar delictivo determine nuestra suerte y nuestra vida.
Por eso no es extraño que ante el creciente índice de extorciones, secuestros y abusos haya derivado en la exigencia de comerciantes y empresarios de hacer valer la propuesta de impulsar la portación de armas con permiso, frente al peligro latente que se está viviendo en los últimos días, como así lo han expuesto los del Puerto de Tuxpan,Ver., al llevar su queja ante la Cámara Nacional de Comercio (CANACO). “Volveríamos a los tiempos de la autodefensa, pero esto es el resultado de la falta de confianza en las autoridades” señaló su dirigente David Aurelio Soto de la Torre.
Y todo ello, como reacción de los ciudadanos en busca de justicia, que al no encontrarla en las autoridades deriva en lograr la defensa por sí mismos, con el uso de la protección personal y en casos extremos, de la violencia.
Pero como dijera José Narro, Rector de la UNAM: “No puede haber aplicación de la ley de la fuerza, por nadie que sea ajeno al aparato de seguridad de un país, por nadie que sea ajeno a los mecanismos de impartición de justicia. Justicia por propia mano es simplemente favorecer y fomentar la violencia, impulsar la impunidad y agravar las condiciones.
De acuerdo al Barómetro de las Américas 2014, elaborado por el proyecto de opinión pública de América Latina de la Vanderbilt University, en México y otros países del Continente, ha crecido la aprobación a la justicia por mano propia mediante los cuerpos de autodefensa—que puede ser comunitaria u organizacional–, formas que proporcionan pocos mecanismos de rendición de cuentas y que son un reto para el Estado de derecho.
Dicho estudio nos dice que el promedio de aprobación a la justicia penal colectiva extralegal en América Latina, EEUU y el Caribe, se ubica entre 28.63 y 32.05 en una escala de 100 puntos. Dentro de esa escala México, se encuentra casi a la mitad de la lista de los 25 países americanos medidos con un puntaje de 33.1 y se ubica por encima de Belice, Guatemala, Canada. Costa Rica y Colombia. Esto significa que en nuestro país, derivado de una serie de agravantes en materia de seguridad pública, corrupción e impunidad, se ha elevado el índice de aprobación del ciudadano de hacerse justicia por su propia mano, lo que es verdaderamente lamentable y preocupante. A diferencia de otros países en que se eleva el valor de la confianza hacia la justicia vigilante como Estados Unidos, Brasil y Trinidad y Tobago.
Pero ante todo esto, me surge la pregunta ¿Es acaso que hoy la humanidad está en regresión? Rousseau afirmaba en 1762, “antes del Contrato las personas eran buenas…y esa felicidad inicial que deparaba libertad y descartaba la propiedad privada, se corrompió cuando algunos impusieron sus fuerzas y dominaron a otros”. Como dice Chapinni: “cuando un hombre por primera vez cercó un lote y bramó “esto es mío”, comenzó la infelicidad humana”. Pero había llegado el momento de organizar y reglamentar a la sociedad para poder convivir en ella. O por el contrario como creía Hobbes: antes del Contrato, el hombre era malvado era el “lobo del hombre” . Y a éste había que domarlo y frenarlo a través del buen trato y de un contrato. Pero, lo cierto es que el Contrato Social fue optimista, pues trató de transformar los derechos naturales del hombre, en derechos civiles y ello permitió organizar mejor a la sociedad en función de las normas sociales y jurídicas.
Hoy, la respuesta a los altos índices de violencia y criminalidad, depende mayormente de la actuación responsable del Estado y éste a su vez depende de los gobernantes que la sociedad unge en comicios con todas las de la Ley. Luego entonces, pensar en quién pueda garantizar a una sociedad la tranquilidad y la paz perdidas en las familias y regiones, es nuestro deber en adelante. Pero también es nuestro deber el poder ayudar al
Estado a lograr la armonía, dentro de la paz, no haciendo justicia por sí mismos.
Así como no se puede elegir gobernantes que no sepan enfrentar los retos del Estado o que no sepan ejercer su autoridad, tampoco podemos educar a ciudadanos a que no se adecuen a las normas de la sociedad y del propio Estado. Porque es éste último, el único encargado de prevenir y de reprimir el delito. De combatir sus causas y sus efectos. Por eso se cuenta con la política (la buena), con las armas legales y jurídicas, con cuerpos policiacos capacitados para saber actuar y hoy, hasta con el mejor y mayor armamento, para hacer frente a una delincuencia que ha crecido de manera descomunal y que amenaza todos los días al ciudadano de a pie, que como muchos, no somos más que prisioneros en nuestra propia libertad.
Así como no es posible que continúen existiendo casos de justicia por mano propia, así como no podemos seguir siendo testigos de actos injustos de abuso de poder, tampoco podemos ponernos del lado de los delincuentes alegrándonos cuando una urbe enardecida destruye todo a su paso, golpea y humilla a los cuerpos policiacos o mata a los soldados en el cumplimiento de su deber. Por eso la intervención del estado y la aplicación de la Ley sin distingos y excesos, es útil y necesario para conservar los equilibrios e evitar la violencia.
Porque la violencia es la peor respuesta a los problemas sociales y políticos, es involucionar, es regresar a la conducta natural, a someternos al más bajo nivel de los instintos, al no control de las emociones que lleva a la venganza irracional antes que a la justicia. Y esa justicia, quizás tan imperfecta como el hombre mismo, hay que mejorarla, profesionalizarla y ese es el reto.
Porque la batalla contra la impunidad, la corrupción, la violencia, etc., hay que ganarla todos, con buenos gobiernos, con leyes efectivas, con hombres justos que las apliquen, con buenos ciudadanos responsables de educar desde su origen a las nuevas generaciones en las mejores normas y costumbres, en suma , con ciudadanos que tengan la voluntad de ser en sus actos cotidianos, parte de la solución y no del problema.
Gracias y hasta la próxima.