Buen día apreciado lector:
El pasado 8 de julio el Poder Judicial del Estado entregó a cuatro de sus integrantes la “Medalla Al Mérito, Fernando de Jesús Corona y Arpide”, por cuarenta y cinco años, o más, de invaluable esfuerzo y responsabilidad en la noble función de impartir justicia.
El reconocimiento se hizo a los magistrados Sara Hilda Beltrán Ramos, Irma Dinorah Guevara Trujillo, Reynaldo Madruga Picazzo y Miguel Gastón Manzanilla Pavón.
En la ceremonia que presidieron el magistrado presidente Alberto Sosa Hernández con la presencia como testigo de honor del gobernador Javier Duarte de Ochoa, a nombre de los reconocidos el magistrado Miguel Gastón Manzanilla Pavón dijo que quienes han transitado toda la vida en el poder judicial, desde los escaños mas inferiores saben que por mucho tiempo han recorrido un camino escabroso que en cualquier momento podía acabar con sus aspiraciones (algunos compañeros jueces decían que siempre estábamos con un pie adentro y uno afuera del sistema), un descuido o negligencia grave, una deslealtad de un empleado, una intriga palaciega, una enemistad con un magistrado en ese tiempo superiores administrativos de los jueces, o la simple necesidad de la plaza para otros fines, eran amenazas constantes en el devenir diario. un cambio de adscripción significaba tres o cuatro meses sin recibir salario, hasta que en tesorería, o sea poder ejecutivo, se autorizaba el pago. el poder judicial no administraba su presupuesto.

Recordó que hasta antes de 1987 el nombramiento de magistrados duraba seis años, que iniciaban y concluian junto con el término del poder ejecutivo, y por ende, cada sexenio el nuevo gobernador barría con el tribunal, dejando a dos o tres magistrados que seguramente servían para indicarles a los demás en donde trabajarían, y para instrumentar la mecánica del pleno en donde se eligiría el nuevo presidente del tribunal, desde luego recomendado por el gobernador electo, que era reelecto año con año.

“Los jueces de primera instancia, aun cuando conforme a la ley su nombramiento tenía duración indefinida, éramos citados a esta ciudad de Xalapa con la renuncia en la mano, y en donde, en un desfile bochornoso ante el nuevo presidente o la persona que éste indicara, se nos decía quien se iba o se quedaba, la permanencia no era siempre cuestión de capacidad”, indicó Manzanilla Pavón.

Luego añadió que como consecuencia de la lucha y gestión de la Comisión Nacional de Tribunales (CONATRIB) en 1986 el presidente Miguel de la Madrid, envió al congreso la reforma al artículo 116 constitucional, incorporando lo que ahora conocemos como garantías de la jurisdicción local, creando ente otras cosas la inamobilidad después de una ratificación, modelo adoptado por nuestro estado y luego modificado en el 2000 que la sustituyó por un periodo fijo de diez años.

Destacó que tan han cambiado las cosas que quienes ingresan ahora al poder judicial, cuentan con salarios decorosos, seguros, capacitación, locales dignos, climatizados, computarizados, secretarios proyectistas y ayudantes, insumos suficientes, etc., a nadie puede pedírsele la renuncia aunque haya razón para ello, y aquellos a quienes se sanciona, aun con motivo justificado, pelean hasta las últimas instancias su reinstalación y algunas han acabado hasta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Y que bueno que así sea, pues de lo contrario pensaría que los años de servicio que ahora nos reconocen fueron desperdiciados tristemente.

“Lo anterior me recuerda una anécdota del finado magistrado Julio Patiño, que me tocara presenciar, cuando discutiendo con otro servidor, éste le dijera “es que yo tengo veinticinco años de experiencia” a la que Patiño replicó “no, usted tiene veinticinco años de hacer lo mismo, lo cual es diferente”, y tenía razón Patiño, puesto que la experiencia no deriva de simplemente cumplir entre comillas con un trabajo, sobre todo cuando éste es un servicio público que trasciende a los gobernados en un aspecto fundamental de sus vidas, como lo es la justicia, sino de compenetrarse en el mismo, de estudiar su dimensión, sus fallas, de proponer modificaciones que atiendan al mejoramiento, de recibir críticas constructivas y evaluar si lo que se hace aun tiene un significado, mas allá de la simple recepción de un salario o de la vanidad del puesto”.

Precisamente al inicio que recibían el reconocimiento “a fe de no incurrir en falsas modestias que solo ocultan vanidades; debo reconocer que siempre es grato recibir un reconocimiento por el trabajo, y no es porque precisamente se trabaje para recibir premios o recompensas, pues desde que protestamos como servidores públicos estamos obligados a poner la mayor diligencia y toda nuestra capacidad y empeño en el desarrollo de la función encomendadada, por la cual por cierto se nos paga una remuneración”.

Cerró su interesantísima alocución recordando que algunos magistrados “estamos más cerca de la sentencia final que de otras cosas, sin embargo estoy contento, y estoy seguro que lo mismo sucede con quienes me acompañan en este reconocimiento, de haber hecho lo que nos apasiona, con aciertos y errores, pero con absoluto respeto a la dignidad del poder judicial, y de los ciudadanos a quienes servimos”.

SOBRESALIENTE

Me cuentan que la empresa Liconsa en Xalapa está entregando buenas cuentas a la jefa mayor de la SEDESOL Rosario Robles, merced al trabajo cotidiano de su gerente Francisco Javier Vera Méndez, quien fomenta un buen ambiente motivando a sus compañeros a trabajar en equipo. Bien hecho.

Se trata de una empresa del Gobierno Federal con responsabilidad social, conformada por capital humano de excelencia, que industrializa y comercializa productos lácteos de la mejor calidad nutricional a precio accesible, para contribuir a la alimentación y nutrición de las familias mexicanas.

Tenga el lector un día muy provechoso.
gustavocadenamathey@nullhotmail.com