Sin lugar a dudas la aplicación de las reglas de vialidad son fundamentales en cualquier lugar donde haya vehículos, motorizados o no. Y su cumplimiento depende de un sinnúmero de factores. De entre todos estos, cabe mencionar que la educación desde la infancia enseña a los niños cómo cruzar una calle, cuáles son los significados de la señalética, así como el valor del respeto al peatón, al prójimo automovilista o al ciclista, etc.
El caso es que en una ciudad como la nuestra, aplicar el reglamento de tránsito es una tarea insólita. Nadie conoce el significado de las líneas blancas, amarillas y rojas; pocos respetan los cruces peatonales o los espacios especiales; a nadie le interesa respetar los lugares de estacionamiento o detenerse en la luz ámbar.
De esta manera, se vuelve necesaria la cero tolerancia. Si viene acompañada además de prestigio, con el que no cuenta la institución que en Veracruz dirige Edmundo Martínez Zaleta, es mucho más sencillo. Pero como los agentes de tránsito, junto con los diputados y policías son las personas peores vistas en el servicio público, con peor fama de corruptos y violentos, la cosa se pone difícil.
De esta manera, nos encontramos frente a un caso en el que la decisión de aplicar un reglamento más severo, con la intención de mejorar la vialidad en el estado, es impopular. A nadie le gusta que lo regañen, que le digan que se estacionó en un lugar incorrecto, a nadie le gusta pagar multas, ni perder el tiempo en burocracia. Pero tampoco a nadie le gusta la corrupción, ni nada por el estilo, así que aunque impopular la decisión, me parece correcta, ya que tiene el fin último de beneficiar a la población con una mayor cultura vial, a pesar incluso de la corrupción que pueda permanecer o no en los agentes de tránsito.
Por otro lado, en el tema del SAS Veracruz-Medellín, la decisión es también impopular, pero no necesariamente es para el bien público crear una empresa mixta con los brasileños y los catalanes, cuando la inversión que prometen no será nada cuantiosa, incluso, podría recaer, con voluntad política, en manos de las autoridades de Veracruz y Medellín.
Así, tenemos dos decisiones que se han tomado en el ámbito público, y que nos compete a todos: puesto que involucra recursos públicos (la inversión de infraestructura de la que es dueño el SAS, deteriorada incluso tiene un valor) así como recursos naturales (el agua), la privatización es impopular y a la vez no es la única manera de resolver el problema, frente a la imposición de un reglamente de tránsito, que al igual que todas la decisiones públicas, está marcado por la corrupción, pero conlleva el fin último de mejorar la vialidad, mientras que el fin último de la empresa mixta que va a operar el SAS no es la mejora de infraestructura ni la distribución del agua, sino la ganancia para Odebrecht y Aguas de Barcelona.
www.journalveracruz.com
