Lo que dice la Constitución

La tradición de presentar un informe sobre el estado general que guarda la administración pública federal, inició en la época del presidente Venustiano Carranza. El Artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandataba que el Congreso de la Unión se reuniera el 1º de septiembre de cada año para celebrar sesiones ordinarias y que el ejecutivo federal asistiera a la apertura de los trabajos legislativos para presentar un informe escrito.

Con el tiempo esta fecha se convirtió en el “Día del presidente”. Era un día festivo que iniciaba con el primer mandatario viajando en auto convertible, bajo una lluvia de confeti multicolor, para llegar a la Cámara de Diputados y rendir un informe de viva voz. Después, en Palacio Nacional, saludaba durante horas a los gobernadores, senadores, diputados, líderes obreros y campesinos, algunos intelectuales y, por supuesto, a los invitados especiales.

Cambio de formato

Fue el 1º de septiembre de 1988, durante el último informe de Miguel de la Madrid, cuando el diputado Porfirio Muñoz Ledo interpeló al presidente de la República. A partir de ese incidente la fecha se transformó en el día contra el presidente.

En 1995, el presidente Ernesto Zedillo modificó la ceremonia del informe. Suprimió el recorrido en auto descubierto, canceló la salutación después del informe y eliminó el día feriado. En 2006, Vicente Fox ya no pudo leer el informe, sólo lo entregó en el vestíbulo del recinto legislativo, debido a que la tribuna estaba tomada por los diputados de oposición.

Casi dos años después, el 30 de julio de 2008, se reformó el Artículo 69, estableciendo que el Presidente de la República sólo enviaría el informe por escrito, donde manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una nueva modificación, señala que cada una de las Cámaras analizará el informe y podrá́ solicitar al Ejecutivo Federal ampliar la información mediante pregunta por escrito, así como citar a los Secretarios de Estado y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes.

A mitad de la jornada

Este 1º de septiembre, el presidente Enrique Peña Nieto envió por escrito su Tercer Informe de Gobierno, y ayer en Palacio Nacional, presentó un mensaje a la Nación para dar cuenta del estado que guarda la administración pública. Propuso diez medidas para fortalecer el Estado de Derecho, impulsar el crecimiento económico y combatir la desigualdad.

Este decálogo consiste en impulsar las leyes indispensables para fortalecer el estado de derecho; contar con el acuerdo nacional para la justicia cotidiana; desarrollo de las regiones con mayor rezago; apoyo a pequeños productores agrícolas; mantenimiento de la estabilidad macroeconómica del país; desarrollo de la infraestructura nacional, incluyendo el sector energético; austeridad presupuestal, no más impuestos y presupuesto base cero.

En materia educativa y cultural propuso la renovación de la infraestructura educativa; el inicio del Programa Nacional de Inglés para alumnos de Educación Básica; la creación de la Secretaría de Cultura. Añadió que la Reforma Educativa llegará hasta el último rincón del territorio nacional y que la evaluación no es una medida que afectará a los maestros, sino un instrumento para apoyarlos en su labor.

En cuanto a educación superior informó que la cobertura subió al 34.1 por ciento. El gasto en Investigación Científica y Desarrollo Experimental, público y privado, creció 32.7 por ciento.

Hizo un reconocimiento a las maestras y maestros de México, por su valiosa labor a favor de la niñez y la juventud de todo el país. Señaló que su responsabilidad es avanzar sin dividir; reformar sin excluir; transformar sin destruir.

A la mitad del camino y ante los signos ominosos que se avizoran en el horizonte, como la devaluación del peso frente al dólar; la crisis energética derivada de la sensible baja de los precios del petróleo; el incremento de la pobreza y la inseguridad, se requieren políticas públicas que mejoren las condiciones económicas de los ciudadanos, disminuyan la pobreza general y extrema, generen una verdadera ley anticorrupción y, perfeccionen la impartición de justicia.

La sociedad ha madurado y ahora exige una gestión con buenos resultados. Se reconoce que faltan muchas cosas para lograrlo, pero sabemos que trabajando juntos, gobierno y sociedad, podremos alcanzar los objetivos que nos lleven a ser un México en paz, justo e incluyente