Entre dimes y diretes concluimos la “semana política” en nuestro estado. La reciente autorización del Congreso local para que el Poder Ejecutivo pueda contratar financiamiento generó una andanada de opiniones a favor y en contra. Mucha palabrería y poca documentación.

La Internet nos permite acceder a mucha información, pero esto no es sinónimo de conocimiento. Basta con decir algo “simpático” o en contra del Diablo, para que se replique hasta “viralizarse”. ¿Cuántos de quienes “compartieron” la información leyeron o se documentaron para emitir un juicio?

Yo, lo único que sé es que cada fin de mes mis compañeras jubiladas piensan en si cobrarán o no su pensión a tiempo. Si estos “préstamos” sirven para darles tranquilidad, por mí está bien. Lo demás, lo dejo a las instancias judiciales, de fiscalización y demás entes políticos y públicos.

¿Quién ha presentado alternativas u opciones viables de solución para la crisis (nacional) que tenemos? Muchos discursos y pocas acciones, no sólo en Veracruz, sino en prácticamente todo el país. Estos problemas, estos “prestamos”, no son monopolio de un partido o de un Gobierno, sino práctica de todos quienes tienen responsabilidad pública. La empatía es legítima, pero descalificar ya es otra cosa.

La información oficial es la siguiente: “El Dictamen aprobado permite contratar un financiamiento de 5 mil millones de pesos, que tendrá como fuente de pago el derecho y los ingresos de hasta el 25 por ciento del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).”

Por supuesto que la Comisión Permanente de Hacienda del Estado –instancia dictaminadora– determinó que se cumple con lo previsto en el proyecto, dado que revisó el marco normativo de este Fondo, que establece como destino el saneamiento financiero y de pensiones.

Además, “se avaló un segundo financiamiento de un mil 700 millones de pesos, que tendrá como fuente de pago el derecho y los ingresos de hasta el 25 por ciento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y deberá destinarse a inversiones público-productivas en materia de obras y acciones sociales básicas, que beneficien a la población en pobreza extrema o a localidades con alto rezago social.”

Por último, “La Sefiplan contratará también un crédito de hasta 15 mil millones de pesos, que tendrá como fuente de pago los ingresos provenientes del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP), para amortizar anticipadamente deuda pública a cargo del Gobierno del Estado y obtener mejores condiciones económicas. En Veracruz, este impuesto se ajustó de 2 a 3 por ciento, con lo que se brinda mayor garantía de pago.”

Fuera de estridencias y epítetos, ¿se presentó una opción diferente para que el Estado tuviera liquidez? Éste el punto, el resto es para las columnas políticas y especializadas, para el discurso y las conferencias preelectorales, para los y las candidatas a gobernar el estado o representarnos en el Congreso.

Sabemos que en la guerra y en el amor todo se vale, pero lo urgente es tener con qué pagar a quienes prestamos un servicio o laboramos en las instancias oficiales. Desde el compañero que limpia nuestras aulas, hasta la profesora rural que día con día deja su vida en pro de nuestros niños. Ellos y ellas tienen el derecho de cobrar puntualmente sus salarios. El Gobierno tiene la obligación de pagarlo.

¿Quién no ha ido en algún momento de su vida al Nacional Monte de Piedad? ¿Nos juzgan, nos descalifican o tenemos que ir a la cárcel por pedir prestado? No sé. Usted tiene la palabra.

Por hoy es todo. Le deseo un excelente fin de semana y nos leemos en la próxima entrega.