Hasta nuestra Constitución Política local se llevó la defensa de las personas con discapacidad, para evitar la discriminación y promover las condiciones básicas necesarias para ejercer en pleno sus derechos, libertades, igualdad y seguridad.

Dicha reforma se aprobó la semana pasada por la LXIII Legislatura de Veracruz. Si bien existe una Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad que preserva aspectos esenciales y fundamentales en favor de este sector vulnerable, ahora se fortalece desde la Constitución Política del Estado.

El Dictamen, resultado de la Iniciativa que presentó el 4 de diciembre de 2014 el diputado Ciro Gonzalo Félix Porras, se aprobó por unanimidad y modifica el artículo 6o de la Carta Magna de Veracruz, para proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad.

De acuerdo con el documento, el 13 de diciembre de 2006 México firmó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo, que entraron en vigor en mayo de 2008, por lo que con la reforma del artículo primero de la Constitución federal resulta de cumplimiento obligatorio en todo el país.

Sin duda, la discriminación de la mayoría social hacia las minorías es resultado de ignorancia, intolerancia y desconocimiento de los principios elementales de la convivencia civilizada. Por eso debemos fortalecer los marcos legales, para que todas y todos seamos sujetos plenos de derechos y obligaciones

Además, aún desconocemos el potencial productivo, artístico, cultural y educativo que las personas discapacitadas nos pueden ofrecer. Este desconocimiento es enorme, porque de ahí nuestra ignorancia, poco a nada convivimos con ellos y ellas. Damos por hecho situaciones que ignoramos.

En otro tema, pero relacionado con los derechos humanos, el Congreso de Veracruz aprobó modificar el Código Penal del Estado para sancionar con mayor severidad a quien prive de sus derechos y su bienestar a una persona menor de edad o le inflija deterioro a su integridad física o psicológica, con penas de tres a siete años de prisión y multa de hasta 500 días de salario mínimo.

De acuerdo con la exposición de motivos, incorporada por el autor de la Iniciativa, el diputado Jesús Alberto Velázquez Flores, “México es el país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que ocupa el primer lugar en violencia física, abuso sexual y homicidio de menores de 14 años”.

El Legislador abundó en el texto que el maltrato infantil ha cobrado un gran número de víctimas en la entidad, fenómeno que tiene relación con diversos factores culturales, económicos y sociales, y que produce estrés, baja autoestima, depresión y alteraciones al desarrollo del sistema nervioso e inmunológico.

“Todo ello deriva en problemas conductuales, físicos y mentales en la edad adulta, como el consumo indebido de alcohol y drogas, embarazos precoces, actos de violencia y hasta suicidios”, agregó.

Hay resultados y son innegables. No podemos, no debemos ser mezquinos cuando vemos y palpamos que hay una preocupación y una labor decidida para cerrar las brechas de las desigualdades. Ahora depende de la sociedad dar los pasos necesarios para eliminar la discriminación y la violencia.

Por hoy es todo. Le deseo un excelente día y nos leemos en la próxima entrega.