Interesante y de impacto social es la propuesta de ley para otorgar el 50 por ciento de descuento a los estudiantes de la entidad, lo que ayudaría a la economía de miles de familias veracruzanas.
Si bien en algunas ciudades del estado se aplica dicho descuento, es común leer y escuchar como los chóferes no lo hacen alegando que no son días escolares o bien, que sus ‘patrones’ les indican que no apliquen el descuento. Pero quienes jefaturamos un hogar y hemos estudiado, sabemos que hay mucho trabajo extra aula y, en periodos de exámenes, hasta los fines de semana son de trabajo.
La iniciativa de ley fue presentada por el diputado Juan Manuel Velázquez Yunes; quien expuso ante sus compañeros que en la mayoría de las localidades del estado no se respeta el descuento al que tienen derecho los estudiantes a pesar de los convenios que suscriben autoridades con los concesionarios, por lo que es necesario hacerlo mediante esta ley para que sea obligatorio.
De acuerdo a cifras del Consejo nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en 2012 en nuestra entidad: » cuatro millones 141 mil 800 individuos (52.6por ciento del total de la población) se encontraba en pobreza, de los cuales tres millones 19 mil 800 (38.4 por ciento) presentaban pobreza moderada y un millón122 mil (14.3 por ciento) estaban en pobreza extrema.”
En este contexto socioeconómico se inserta la propuesta de ley, por el beneficio que generaría a miles de jóvenes veracruzanos. De ahí que el diputado comentara que: “si se toma en cuenta el nivel de ingresos en la actualidad y si a esto se le suma la crisis económica del país que deriva en dificultades económicas para que los estudiantes se trasladen a sus centros escolares.”
Considero que la propuesta de ley se queda corta, en el sentido de que no abarca a todo el universo estudiantil, sino sólo beneficiaría a estudiantes de nivel medio superior y superior. Entiendo que debe ser paulatino, aunque el grueso del estudiantado se encuentra en el nivel básico (preescolar, primaria y secundaria).
Pero no podemos negar que es un avance y un apoyo enrome en la economía familiar y de nuestra juventud estudiantil. La propuesta contempla la participación de los planteles escolares quienes deberán elaborar y actualizar anualmente el padrón de beneficiarios, el cual será remitido a la Dirección de Transporte del Estado con la finalidad de aplicar las sanciones a los concesionarios del transporte por las quejas que se reciban por los beneficiarios registrados en dicho padrón.
De acuerdo al comunicado oficial: “Los servidores públicos, responsables de la ejecución de esta Ley, no podrán en ningún caso condicionar o negar el otorgamiento de tal derecho, ni podrán emplearlo para hacer proselitismo partidista”.
Habremos de esperar que las Comisiones Permanentes Unidas de Tránsito, Transporte y Vialidad y a la de Educación y Cultura; analicen la propuesta presentada y, sobre todo, la enriquezcan para que en breve nuestro estudiantado y sus familias sean beneficiadas.
Por hoy es todo, les deseo un excelente inicio de semana y nos leemos en la próxima entrega.
