Ayer en Ciudad Juárez participé en el segundo foro del Debate Nacional sobre el Uso de la Marihuana que organiza el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob). El tema: “Ética y Derechos Humanos ¿Decisión del Estado o del individuo?”. El evento se realizó en la Universidad de Ciudad Juárez. Participaron 50 personas organizadas en cinco mesas de trabajo.

Ofrezco una síntesis apretada de mi exposición, que lleva el título del artículo. La idea central es que hay evidencia sólida para decir que en los últimos 50 años ha fracasado la estrategia prohibicionista y punitiva, para enfrentar el problema social de la producción y consumo de las drogas. Seguir en ella violenta la ética pública a la que está obligado el gobierno en el ejercicio de su responsabilidad.

Las políticas públicas son el conjunto de acciones razonadas y planeadas que realiza el gobierno para resolver los problemas de la comunidad e impulsar su desarrollo. El último de los pasos del proceso de las políticas públicas, que es la evaluación, exige responder a una serie de preguntas. Subrayo dos: ¿La política que se implementa es ética? ¿En razón de los resultados se debe mantener o cambiar la política?

La actual política, prohibicionista y punitiva, ofrece reducir la producción y el consumo de las drogas y también reducir o incluso eliminar el efecto colateral de la violencia. El resultado ha sido exactamente lo contrario; aumenta la producción, el consumo y la violencia. ¿Es ética una política que produce decenas de miles de muertos? ¿Es ética una política que no ofrece lo que promete? ¿Es ética una política que a pesar de no dar los resultados esperados se continúa en ella? La respuesta contundente es no.

La ética es el conjunto de valores o comportamientos que garantizan la realización de una buena vida y conducen a la felicidad. Vale para las personas y también para la comunidad. La ética sostiene cuatro grandes principios: autonomía, beneficencia, no maledicencia e igualdad. Los cuatro hacen relación al proceso de las políticas públicas. Hay una relación directa entre ética y políticas públicas.

El principio de autonomía garantiza que a la persona se le respete su capacidad de decidir y elegir, mientras no afecte a otros. El de beneficencia, que todos los desarrollos científicos y tecnológicos beneficien a las personas. El de no maleficencia, que lo que se haga no afecte el desarrollo pleno de las personas y el de igualdad, que todos los integrantes de la comunidad tengan un trato igual.

La política prohibicionista y punitiva violenta los cuatro principios. La decisión de consumir o no drogas, para el caso la marihuana, es una decisión autónoma de la persona y no del gobierno. La persona debe recibir todos los beneficios que le ayuden a una vida mejor. Es el caso evidente de la marihuana médica. Se debe evitar todo lo que cause mal a la persona. La violencia que genera la estrategia, que implica la violación de los derechos humanos, causa daños irreversibles a las personas. Los beneficios de la política valen para todos y no sólo para unos.

El gobierno, en razón de la efectividad que debe tener la política pública (eficacia y eficiencia) y del ejercicio de la ética pública con la que debe normar su actuación, está obligado a dejar atrás la política prohibicionista y punitiva. Es evidente su fracaso. No hacerlo implica aplicar una política pública que no responde al interés colectivo y actuar fuera del marco de la ética pública a la que está obligado. Ése es el centro del problema. Hay que actuar en consecuencia. Ésa, no otra, es la obligación del gobierno.