Nuestro país debe de tener el record mundial de la demagogia. Promesas y bla, bla, bla, en las campañas y luego decepción por las promesas incumplidas. Los candidatos son excelentes para vender su imagen, pero una vez que llegan al poder demuestran que son iguales a los que sustituyeron, con pequeñas, muy pequeñas variantes.
Mientras tanto, en nuestro querido México los pendientes se acumulan uno tras otro. Sin que nadie los resuelva, a pesar de que se sabe que los problemas no se resuelven solos, no hay funcionario o político que se decida a enfrentarlos.
Que si el auditorio Justo Sierra de la facultad de filosofía y letras está tomado desde hace varias décadas, y se usa como guarida de rufianes, almacén de los distribuidores de drogas en la UNAM, y centro de reunión de fósiles. A nadie le importa. Todos temen que la opinión pública los tache de represivos, en lugar de rescatar un lugar para la propia universidad y para el uso y beneficio de los universitarios.
Que si en Iguala había secuestros y desapariciones día con día. Todos los funcionarios municipales, estatales y federales hacían caso omiso. Preferían voltear a otro lado, y simular ante la opinión pública que son funcionarios eficientes, mientras más y más guerrerenses morían o sufrían las consecuencias de la falta de ley. Tuvo que pasar lo de los normalistas para que le prestaran atención al asunto y demostraran cuando menos, que podían detener a los culpables de los distintos delitos. Pero siguen mostrando su desdén e incapacidad para resolver el crimen de los 43, las razones y motivos que lo generaron y el destino de los cuerpos. Juegan a quedar bien con la opinión pública con los grupos de expertos a quienes un día invitan y al día siguiente desdeñan. Y así, ad nauseam y ad infinitum sin llegar a conclusiones claras y contundentes.
Ahora lo de Tierra Blanca se convierte en otro Iguala, con la participación de las fuerzas de seguridad del estado, pero sin mayores consecuencias para sus superiores jerárquicos, sus supervisores directos, y las investigaciones una vez más sin resultados contundentes. La fiscalía ya conoce las causas y los motivos que generaron el artero crimen, sin embargo, se sigue jugando a buscar la aprobación de la opinión pública, en lugar de la búsqueda de la verdad. Aún a riesgo del propio titular de la SSP de Veracruz y del propio fiscal general, quienes han luchado mucho por mejorar sus instituciones.
En el caso de la ecología las consecuencias son más graves, pues sí bien, los temas enumerados anteriormente afectan a toda la generación actual de mexicanos, el descuido del medio ambiente afecta no sólo a la actual generación sino a las futuras. Pese a ello vemos que ni sociedad ni gobierno se interesan en mejorar la convivencia de los mexicanos con su entorno. Dónde quiera observamos intereses económicos que lo mismo contaminan un río que se dedican a la tala clandestina deforestando enormes extensiones de terreno, o el tráfico de permisos para el uso y derrame de sustancias tóxicas.
Tal parece que a la autoridad no le importan los mexicanos. Un peso en la bolsa siempre será mejor que procurar el cumplimiento de las leyes, o el bienestar de sus compatriotas.
Sin que haya a la fecha pruebas contundentes, se ha relacionado el envenenamiento del Río Blanco con la escasa salud renal de los habitantes de la zona de Tierra Blanca. A pesar del riesgo para la salud del vertido de metales pesados industriales, desechos de beneficios de café, y sobre todo, enormes cantidades de desechos orgánicos (drenaje) de las ciudades alrededor de su cauce, ninguna autoridad, ni grupo de ciudadanos reclama al respecto.
Si se considera el caudal del Río Blanco, y se imagina la posibilidad de que sus aguas vuelvan a ser limpias, con posibilidad de consumo tanto para la agro industria como para consumo humano, vemos que el país pierde miles de millones de pesos al año, a cambio de que algunos funcionarios se llenen los bolsillos por unos cuantos pesos y se hagan de la vista gorda, para que ciudades e industrias literalmente asesinen esta vía acuática.
Al reflexionar a quien corresponde la primera responsabilidad al respecto, de inmediato llega la respuesta: Al titular del ejecutivo, al Presidente de la República, al Licenciado Enrique Peña Nieto, quien al asumir su cargó juró respetar y HACER RESPETAR la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen. Es decir, la principal obligación del presidente de la República es la de hacer cumplir las leyes por todos los medios a su alcance.
En el caso que nos ocupa, el ejecutivo federal cuenta con dos dependencias cuya responsabilidad es la vigilancia de la legislación ecológica, por un lado la Secretaría del Medio Ambiente y por el otro la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Dependencias que tienen sus dependencias espejo en los estados del país. Lo cual nos lleva a la conclusión de que así como es responsabilidad de Enrique Peña Nieto la vigilancia de la observancia de la legislación de protección al ambiente, también lo es para el ejecutivo del Estado, el gobernador Javier Duarte de Ochoa.
A ambos se les debe demandar (recordemos la frase ¨y si no lo haces, que el pueblo os lo demande¨), la vigilancia del estricto cumplimiento de las leyes de protección al ambiente, y sobre todo, la recuperación total del Río Blanco y del resto de los acuíferos con que cuenta el estado de Veracruz. Pues aunque es reversible en parte el daño a la ecología, las consecuencias de dicho daño van más allá de nuestra generación y afectarán también a las siguientes generaciones de mexicanos.
No podemos ni debemos permitir que nuestra generación herede un peor México a las siguientes.
