Hoy que conmemoramos el 216 aniversario del natalicio de Don Benito
Juárez García, seguimos admirando la vigencia de su pensamiento
político y social que colocó los andamiajes del México moderno. Quizá
su frase más citada y recordada es la referente al respeto al derecho
de los demás.
Las mujeres somos las que más hemos peleado porque se respeten
nuestros derechos. No eludimos obligaciones pero exigimos
igualdad entre los géneros.
La semana pasada la diputada presidenta de la
Comisión Permanente para la Igualdad de Género, Mónica Robles Barajas;
presentó una iniciativa que reformaría el artículo 8 de la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para incorporar en
la legislación de Veracruz a la Violencia Política y
con ello ayudar a combatir esta práctica que afecta a las mujeres que
buscan acceder aalgún puesto público.
“El concepto de Violencia Política en razón de género aparece
después que mujeres incursionan en política. (…) Constituiría
violencia política proporcionar a las mujeres candidatas o electas,
titulares o suplenteso designadas para una función pública, mediante
el engaño o fraude, información falsa, o imprecisa que induzca al
inadecuado ejercicio de sus funciones políticas públicas.”
Sabemos que las relaciones humanas son complejas y en
el ejercicio del poder aún más. No ha sido fácil la incorporación de
las mujeres en el ámbito público. Recordemos que apenas en 1953 se ‘nos
concedió’ el derecho del sufragio y, un año después, Aurora Jiménez fue
la primera mujer en ser electa diputada federal. Sólo han pasado 62
años que dejamos el ámbito privado para arribar al público.
Por eso la propuesta de reforma presentada por la
diputada Robles Barajas abona el perfeccionamiento democrático de
nuestra sociedad. No basta con tener valores éticos y morales, hay que
demostrarlos en todo momento de nuestro actuar.
La practica política tiene que adecuarse a las
nuevas exigencias. No nos cansaremos de decir que somos el 52 por
ciento del padrón electoral. Que muchos hogares son jefaturados por
mujeres y que, cada día aportamos nuestro trabajo en la vida social,
económica y política de Veracruz.
La legisladora argumentó que: “incurriría en este delito quien
obligue a las mujeres, por razones de género, a realizar u omitir
actos diferentes a las funciones públicas establecidas en los
ordenamientos jurídicos. (…) Publicar o revelar información personal,
privada o falsa, de las mujeres candidatas, electas, designadas o en el
ejercicio de su representación política, con el objetivo de difamar o
menoscabar su dignidad humana y obtenercon estas acciones, la renuncia
o licencia al cargo electo o en ejercicio.”
Si nos damos cuenta, lo que se pide es respeto al trabajo
y las condiciones paritarias para nuestro desarrollo profesional en el
ámbito público. Tenemos el derecho y somos capaces de realizar igual o
mejor la labor que realizan los varones. No es competencia de géneros,
es tener en la función pública a las mujeres y hombres más capaces para
las responsabilidades que la sociedad les confiere. Aún nos falta mucho.
