Las comisiones unidas del Senado de la República aprobaron el dictamen a la minuta que expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y la reforma al artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales.
Estas enmiendas tienen como objetivo regular la planeación, el establecimiento y la operación de Zonas Económicas Especiales para impulsar el crecimiento económico sostenible de los estados del país con mayor rezago económico y social.
El dictamen fue aprobado con 11 votos a favor por las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, que preside el senador Pepe Yunes Zorrilla; de Comercio y Fomento Industrial; de Población y Desarrollo, y de Estudios Legislativos, con opinión de las comisiones de Asuntos Fronterizos Sur, Especial Sur-Sureste y Especial de Productividad.
El dictamen señala que sus propósitos son reducir la pobreza, permitir la provisión de servicios básicos y expandir las oportunidades para una vida saludable y productiva, en las regiones del país que tengan mayores rezagos en el desarrollo social, a través del fomento de la inversión, la productividad, competitividad, el empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población.
Dichas zonas serán consideradas áreas prioritarias del desarrollo nacional, y el Estado promoverá las condiciones e incentivos para que, con la participación del sector privado y social, se contribuya al desarrollo económico y social de las regiones en las que se ubiquen, a través de una política industrial sustentable con vertientes sectoriales y regionales.
Las personas físicas o morales que operen en las Zonas Económicas Especiales como Administradores Integrales o Inversionistas podrán recibir beneficios fiscales, aduanales y financieros, así como facilidades administrativas e infraestructura competitiva.
Los beneficios e incentivos que se otorguen deberán fomentar la generación de empleos permanentes, el ascenso industrial, el crecimiento de la productividad del trabajo, e inversiones productivas que impulsen el desarrollo económico de la zona y su área de influencia.
El Gobierno Federal, de los estados y municipios, con la participación que corresponda a los sectores privado y social, deberán implementar un Programa de Desarrollo con el objeto de establecer políticas públicas y acciones con un enfoque integral y de largo plazo, así como el establecimiento y la adecuada operación de las Zonas Económicas Especiales, para que promuevan el desarrollo sustentable de sus áreas de influencia.
El Ejecutivo federal enviará un informe al Congreso de la Unión sobre la operación de cada zona y los resultados obtenidos en términos de desarrollo económico y social del área de influencia, a fin de abonar a la transparencia y como una herramienta para dar seguimiento a las políticas e inversiones públicas que se ejecuten.
El proyecto ahora será discutido por el Pleno del Senado, votado y remitido a la Cámara de Diputados para la revisión de los cambios hechos al dictamen original.
