Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos desde septiembre de 2014, pidieron al gobierno mexicano “inteligencia” y un “cambio de postura” tras negarle al grupo de expertos de la CIDH la renovación del mandato para investigar el caso.
“Les pedimos que sean inteligentes y tengan que cambiar la postura porque para nosotros es necesario saber la verdad y creo que para todos los mexicanos también”, dijo a Efe el portavoz de los padres, Felipe de la Cruz.
Este miércoles el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa, comunicó oficialmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que no quiere renovar el mandato de los expertos que investigan la desaparición de los 43 jóvenes en Guerrero.
En una rueda de prensa en Washington, Campa consideró que ha transcurrido “tiempo suficiente”, un poco más de un año, de trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y que “es tiempo de que el grupo presente las conclusiones y recomendaciones al Estado”.
No obstante, los comisionados estudian la petición de los familiares para que su labor continúe.
De la Cruz recordó que la posición de los padres siempre ha sido “la exigencia” de que el GIEI permanezca “hasta el término de la investigación”.
“No se confía en la PGR (Procuraduría General de la República) ni en el Gobierno mexicano, la única instancia que hemos aceptado desde el inicio es el GIEI”, señaló.
Explicó que el gobierno de México todavía no les ha comunicado oficialmente la decisión de no renovar para un tercer mandato el GIEI.
Confirmó que previo a la presentación de los resultados del segundo informe del GIEI, el 24 de abril, se llevará a cabo una reunión entre el gobierno, los expertos y los padres y sus representantes, aunque la fecha no está definida.
Será en este encuentro donde esperan que el Gobierno mexicano recapacite y cambie de postura.
La noche del 26 de septiembre de 2014 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados a tiros en Iguala por policías corruptos.
En el ataque perdieron la vida seis personas, entre ellos tres estudiantes, y 43 más fueron detenidos y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en el basurero de Cocula, según la versión de la fiscalía.
El GIEI ha cuestionado dicha versión y denunciado graves irregularidades en las pesquisas.
El grupo comenzó a trabajar en el caso en marzo de 2015 en virtud de un acuerdo alcanzado entre la CIDH, el Gobierno y los familiares y al vencerse el primer mandato en septiembre las partes acordaron una segunda etapa de trabajo de seis meses con posibilidad de una nueva renovación.
De la Cruz denunció además una “campaña de difamación y desprestigio” hacia el GIEI, los padres de familia y uno de los abogados de los familiares.
Este miércoles se filtró una presunta llamada del defensor de los padres, Vidulfo Rosales, en la que se quejaba del comportamiento de los familiares de los estudiantes y los llamaba “indios piojosos”.
Además, la pasada semana apareció un vídeo con una grabación telefónica que insinuaba que los padres habrían recibido dinero del crimen organizado, una acusación que ellos negaron.
