La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó en lo general con 23 votos a favor y 1 en contra de Morena, la miscelánea penal con el que se transforman 10 ordenamientos para avanzar en el nuevo sistema adversarial acusatorio, entre lo que destaca, la definición de manera precisa del término y los supuestos de “comunicaciones privadas”, y se señala que para todos esos casos se requerirá autorización del órgano jurisdiccional competente.
Además, se permite al Ministerio Público solicitar en tiempo real información de un celular involucrado en un delito o su geolocalización cuando la vida de una persona peligre, en delitos como el secuestro.
El objetivo es armonizar las leyes que tienen relación directa con la reforma constitucional de justicia penal y cuyo plazo para su instrumentación total vence en junio de este año.
Con los cambios se fomenta el empleo de la tecnología con el objeto de atender a los principios del sistema acusatorio para el uso de los medios electrónicos en aquellas actuaciones que lo permitan.
También se incluyó como prerrogativa de algún detenido extranjero, la decisión de que se le notifique o no a la autoridad consular de su país, con el requisito que su manifestación deberá ser en presencia de su Defensor.
Se trata de una minuta que llegó del Senado y que desde el 2014 impulsaron los senadores Roberto Gil (PAN), hoy presidente de la cámara alta, y la actualmente Procuradora General de la República, Arely Gómez.
Se eliminó, sin embargo, la posibilidad de que un teléfono desaparecido o extraviado pueda ser intervenido.
La Junta de Coordinación Política tiene un acuerdo para que este paquete de reformas sea votado en el Pleno esta semana, antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones.
En la reunión de la comisión participó María de los Ángeles Fromow, secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación.
