En un documento firmado por el priista Raúl Cervantes y el senador del PVEM, Pablo Escudero, se plantea que los montos, valores especificaciones, ubicaciones de inmuebles y demás contenidos de la declaración patrimonial no sean públicos, a menos que así lo quiera el funcionario. Esta misma condicionante aplica para la declaración por posible conflicto de interés. La información es de «Reforma». Han de estar bien contentos en el Instituto Mexicano para la Competitividad.
