La opacidad en el manejo, uso y destino de los recursos públicos es uno de los aspectos que más molesta a los ciudadanos. Mejor dicho: indigna. Porque es indignante que cada vez que termina –y a veces ni eso- encontramos ‘nuevos ricos” en nuestra sociedad. Personas que pasaron efímeramente por la función pública se transforman ‘en nuevos empresarios inmobiliarios”.
Momentos como los que vive el país, donde la economía no crece, los empleos son mal pagados y escasea la obra y servicios públicos, hace necesario obligar mediante mecanismos legales el acceso a la información. Somos los contribuyentes los que debemos estar pendientes de cómo manejan nuestros impuestos en las diversas instancias públicas.
El pasado 27 de abril del año en curso se publicó, en la Gaceta Oficial del Estado, la reforma que armoniza la Constitución Política del Estado a los ejes rectores previstos en la reforma constitucional, a fin de garantizar la protección y tutela de los derechos humanos en materia de acceso a la información pública, protección de datos personales y transparencia.
En este contexto, el pasado lunes la LXIII Legislatura de Veracruz recibió del Ejecutivo estatal, la iniciativa con proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado que establece que toda información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados, es pública a cualquier persona en los términos y condiciones que establezca esta ley, la Constitución Política local y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
“La propuesta indica que toda persona tiene el derecho de obtener información, así como consultar documentos y a obtener copia o reproducciones gráficas o electrónicas, simples o certificadas y no será necesario acreditar el porqué se requiere dicha información.”
Este último enunciado es de importancia relevante. No tenemos que dar explicaciones por conocer el destino de nuestro dinero. Así de fácil y así lo tendrán que entender quienes ejerzan una responsabilidad pública.
En la citada iniciativa se establece que: “El acceso a la información pública es gratuito y sólo podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de la entrega de reproducción y la entrega solicitada.Los sujetos obligados procurarán reducir los costos por reproducción poniendo la información a disposición de los particulares por medios electrónicos o electromagnéticos.”
Por supuesto que un país, un estado o un municipio no se gobierna con “buenas leyes”, hace falta la voluntad del servidor público y de todos aquellos que reciben dinero de nuestros impuestos para lograr la armonía que queremos y necesitamos.
No faltarán voces –quizá con razón o sin ella- quienes dirán que el tema que hoy abordamos es tardío, que debió hacerse hace años, etcétera. Es posible, pero lo importante es que se tenga y que la sociedad haga uso de ella.
Insisto, no bastan “buenas leyes”, hace falta que sociedad y gobierno hagan lo necesario por el bien común. Si no tuviéramos una corrupción galopante, si confiáramos en los gobiernos, si la ciudadanía fuese responsable, no harán falta estas iniciativas y leyes. Porque todas y todos, sabríamos que nuestros impuestos se aplican y se nos devuelven con bienes públicos.
Por hoy es todo, les deseo un excelente día y nos leemos en la próxima entrega.
