Once estados de EU interpusieron una demanda para evitar que los alumnos transexuales usen los baños y los vestidores que prefieran en función del género con el que se identifiquen, tal y como pretende el gobierno de Barack Obama.
Así lo anunció la Procuraduría General de Texas, estado que lidera la demanda con el apoyo de Alabama, Oklahoma, Wisconsin, Virginia Occidental, Tennessee, Maine, Oklahoma, Luisiana, Utah y Georgia, nueve de los once en manos de los republicanos.
Los demandantes acusan a la Administración Obama de una «conspiración con el objetivo de convertir los centros educativos y de trabajo en laboratorios de un experimento social masivo», además de «ignorar las leyes del sentido común que protegen a los niños y el derecho a la privacidad».
Los departamentos de Justicia y de Educación emitieron el pasado 13 de mayo una directiva en la que instruyeron a todas las escuelas públicas del país a autorizar a los alumnos transexuales a utilizar los baños de acuerdo con el género con el que se identifiquen, en vez de en consonancia con el sexo de su certificado de nacimiento.
No hay espacio en nuestras escuelas para discriminación de ningún tipo, incluida la discriminación contra los estudiantes transexuales de acuerdo con su sexo», afirmó entonces la fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch.
El procurador general de Texas, Ken Paxton, afirmó que esa directiva «rescribe la ley», una competencia que sólo tiene el Congreso, por lo que, según él, Obama “desobedece el proceso democrático».
Esto tan solo representa el último intento de la actual Administración de llevar a cabo por decreto ejecutivo lo que no pudo lograr democráticamente a través del Congreso», dijo.
Las autoridades de Texas ya habían adelantado que interpondrían un recurso para bloquear esta directiva, como ya hicieron en el caso de las medidas ejecutivas decretadas por Obama para dar protección contra la deportación a cerca de cinco millones de inmigrantes indocumentados, que siguen bloqueadas en los tribunales.
En esa ocasión, Texas también argumentó que dictar las medidas decretadas por Obama era competencia única del Congreso, controlado actualmente por los republicanos.
