La LXIII Legislatura del Estado tomó la protesta de ley a Mireya Toto Gutiérrez, Rodolfo Jorge Ortiz Escobar y María del Monserrat Díaz, como integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del Delito del estado de Veracruz, por un periodo de cinco años.
Durante la cuarta sesión ordinaria, del tercer año de labores, el pleno avaló con 34 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención, este dictamen con la terna que incluye a Mireya Toto en calidad de presidenta; Rodolfo Ortiz Escobar y María Monserrat como comisionados A y B, respectivamente, de la citada comisión.
El 9 de marzo de 2016 el Ejecutivo del estado envió para consideración de este Congreso la propuesta para que estas tres personas integren la Comisión Ejecutiva de Atención integral a Víctimas del Delito del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
El dictamen, emitido por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, indica que previo análisis del expediente y luego de constatar que los profesionistas propuestos cumplen con los requisitos establecidos en la Ley de Víctimas para el Estado, es procedente su nombramiento.
De acuerdo al artículo tercero transitorio, esta designación deberá ser notificada al Ejecutivo del estado en su calidad de Presidente del Sistema Estatal de Atención a
Víctimas.
En los posicionamientos, el diputado Eladio del Ángel Zumaya, quien votó en contra, manifestó que no tiene sentido crear una nueva comisión Ejecutiva de atención a víctimas del delito cuando las instituciones encargadas de procurar justicia no funcionan.
Consideró improcedente contar con nuevo sistema de justicia penal acusatorio cuando los fiscales no pueden aplicarlo, al no tener trabajadores sociales y psicólogos para atender a las víctimas.
Es necesario, añadió, que esta Legislatura solicite a las instancias de procuración de justicia un informe sobre las medidas de protección que han tomado en beneficio de las mujeres y hombres que hayan sido víctimas de algún delito.
La Comisión Ejecutiva para la Atención Integral a Víctimas del Delito en el Estado es el organismo descentralizado de la administración pública estatal, no sectorizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica, presupuestal y de gestión, que tiene por objeto otorgar atención oportuna e integral a las víctimas u ofendidos del delito.
Establecerá y coordinará las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas. También implementará los mecanismos para que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus obligaciones de brindar la atención, asistencia y protección a las víctimas.
