El abogado de la presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, presentó hoy su defensa en el proceso que le puede costar el cargo y volvió a calificarlo de “golpe”, convencido de que no hay evidencias que justifiquen llegar a su destitución.
La defensa de Rousseff fue entregada por José Eduardo Cardozo, quien fue ministro de Justicia y Abogado General del Estado durante su Gobierno, a la comisión del Senado que está a cargo del juicio político instaurado el pasado 12 de mayo contra la mandataria.
Ese mismo día Rousseff fue notificada del inicio del proceso y suspendida temporalmente de sus funciones, que desde entonces ejerce en forma interina el hasta entonces vicepresidente Michel Temer.
Cardozo, quien está al frente de la defensa de Rousseff, insistió en los mismos argumentos que ya presentó ante la Cámara de Diputados y el Senado, que fueron rechazados en ambos casos y sostienen que las acusaciones contra la mandataria hablan de meras “faltas” administrativas que son insuficientes para despojarla de su mandato.
Los cargos contra Rousseff se apoyan en unas maniobras contables irregulares mediante las cuales se “maquillaron” los resultados del Gobierno en 2014 y 2015 y que, según la parte acusadora, suponen un “crimen de responsabilidad”, figura en que la Constitución brasileña engloba los motivos para la destitución de un mandatario.
Cardozo añadió a sus alegatos unas polémicas grabaciones que, en los últimos diez días, fueron divulgadas por la prensa local y en las que dos ministros de Temer criticaban la investigación en la estatal Petrobras e incluso, en uno de los casos, aconsejaban sobre su defensa a algunos de los sospechosos.
Las grabaciones le costaron el cargo al titular de Planificación, Romero Jucá, quien llegó a afirmar que era necesario “delimitar” esas investigaciones, y al ministro de Transparencia, Fabiano Silveira, quien desde ese puesto sería responsable de coordinar el combate contra la corrupción.
Según Cardozo, el contenido de esos audios comprueba que “todo el proceso” contra Rousseff tenía como “objetivo principal” obstruir el trabajo de los tribunales en relación a Petrobras y que constituye, por tanto, un “auténtico golpe de Estado”.
La defensa de Rousseff, que consta en voluminosos documentos, fue entregada en vísperas de una reunión de la comisión responsable del juicio político, que este jueves deberá aprobar el cronograma propuesto para el trámite parlamentario.
Ese calendario plantea que el pleno del Senado se pronunciaría sobre el caso entre los próximos 1 y 2 de agosto, una vez concluida toda la fase procesal, en la que serán escuchados testigos de la defensa y la acusación.
Si por mayoría simple entre los 81 senadores se decidiera apoyar el proceso, el pleno de la Cámara alta será convocado por la Corte Suprema para una última sesión, en la cual Rousseff sería despojada de su mandato si lo aprobase una mayoría calificada de 54 votos (dos tercios).
En caso contrario, Rousseff sería absuelta y debería recuperar el cargo una vez que se publique la sentencia.
