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La Primera Comisión de la Permanente del Congreso de la Unión aprobó solicitar al gobernador de Morelos, Graco Ramírez y la Fiscalía General de la entidad, información sobre el avance de las investigaciones de las fosas ubicadas en la localidad de Tetelcingo, municipio de Cuautla, Morelos.

El acuerdo avalado en la reunión de este día también solicita a las autoridades competentes garantizar el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.

En las consideraciones del dictamen se resalta la necesidad que, tras la exhumación de los cadáveres sepultados de forma irregular, se determine la identidad de los mismos y la responsabilidad por acciones u omisiones de los servidores públicos.

El pasado viernes se concluyeron los trabajos de exhumación de los cuerpos en Tetelcingo, donde se localizaron un total de 117 cadáveres.

Dicha fosa fue localizada por familiares de Oliver Wenceslao Navarrete, quien fue secuestrado en 2013, asesinado y llevado a la morgue, pero las autoridades en lugar de entregarlo a los familiares, lo mandaron a la fosa común.

De igual manera, la Comisión aprobó un dictamen para solicitar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, un informe sobre el avance en el proceso de sistematización del Registro Nacional en la materia.

Recientemente, el 11 de mayo de 2016, se publicó la versión actualizada del Formato único de declaración, así como de sus anexos, para contribuir a establecer mejores condiciones durante su llenado, en beneficio de las personas en situación de víctimas.

Por ello, se considera necesario solicitar información sobre las capacitaciones para quien se encarga de alimentar el registro, y evitar así que existan errores en el llenado del formato de registro, lo cual impediría asistir de manera eficiente a las víctimas de algún delito.

En otro acuerdo aprobado por los legisladores, se solicitó a las fiscalías General de Guerrero y Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, que realicen las investigaciones correspondientes y se castigue a los responsables del asesinato del periodista Francisco Pacheco Beltrán.