El pleno del Senado de la República aprobó el dictamen que contiene proyecto de decreto que expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual obliga a todos los funcionarios de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes de la Unión presentar ante las autoridades sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses; no obstante, legisladores del PRI y PVEM debilitaron la iniciativa ciudadana original 3de3, al rechazar que la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas retomara los formatos ya usados en esta ley que obliga a los servidores públicos a hacer públicas sus cuentas bancarias, inversiones, inmuebles, vehículos, posibles conflictos de intereses y obligaciones ante el fisco.
En el marco de la primera sesión del periodo extraordinario se aprobó en lo general con 116 votos a favor y cuatro en contra, dichos dictámenes que incluyen la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como leyes secundarias en materia de combate a la corrupción.
Sin embargo, de acuerdo con el dictamen, no será obligatorio que hagan públicos los detalles, por ejemplo, los montos de sus cuentas, los valores de sus propiedades y especificaciones como la ubicación de inmuebles, solo será así cuando el funcionario lo autorice.
Al respecto, el senador Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, manifestó que el dictamen aprobado se refiere a una ley “dos que tres”, ya que consideró que rompe con el espíritu de esa iniciativa que signaron 634 mil ciudadanos, de permitir que la opinión pública pudiera conocer y en general las fortunas de los funcionarios de los tres niveles de gobierno, así como de legisladores, dirigentes sindicales y miembros del poder judicial.
En tanto que el senador del PRD Zoé Robledo insistió en que el artículo 29 propuesto en un adendum por PRI y PVEM, permite la opacidad a los servidores públicos, al destacar que establece: “Las declaraciones patrimonial y de intereses serán públicas salvo los rubros de publicidad que puedan afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución. Para tal efecto, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes”.
Es importante mencionar que la propuesta del PRI eliminó la obligación del servidor público, el monto de ingresos mensuales por el cargo público que representa, declarar si percibe otros ingresos y si el monto de éstos es mayor al de lo que percibe como servidor público.
También la obligación de hacer públicos el listado de vehículos y de inversiones y cuentas bancarias que posee el funcionario.
En el paquete de nuevas leyes, se prevé la creación de una Fiscalía Anticorrupción, cuyo titular será nombrado por el Senado de la República. Será un órgano con autonomía técnica y operativa, para investigar y perseguir los hechos que la ley considere actos de corrupción. Contará con agentes del Ministerio Público Especializados.
Los senadores dieron su aval a la creación de salas especializadas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que conocerán exclusivamente de denuncias por corrupción.
A los particulares en su carácter de contratistas, permisionarios, asignatarios, titular de una concesión de prestación de un servicio público de explotación, aprovechamiento o uso de bienes del dominio de la Federación, que oculten o falseen información con el propósito de obtener un beneficio para sí o para un tercero, serán castigados hasta con 12 años de cárcel.
Estas sanciones forman parte de las reformas al Código Penal Federal en Materia de Combate a la Corrupción, que el Senado aprobó como parte de las leyes secundarias que reglamentarán al Sistema Nacional Anticorrupción.
También, el servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos, les dé una aplicación distinta de aquella a que estuvieran destinados o haga un pago ilegal, se le impondrá una pena de 12 años de prisión.
Las reformas al Código Penal Federal, prevén multas y la inhabilitación de los funcionarios públicos para desempeñar cargo público alguno o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal.
La senadora Dolores Padierna Luna, del PRD, se refirió a la iniciativa «3de3» y lamentó que el dictamen sólo propone que las declaraciones patrimoniales y fiscales sólo podrán ser públicas con la autorización expresa del servidor público, lo que ya ocurre actualmente.
Laura Rojas Hernández, senadora del PAN, respaldó la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción que busca articular, «por primera vez en la historia de nuestro país y bajo una política pública nacional, a las distintas instituciones responsables de algún tramo de los esfuerzos de combate a la corrupción hasta hoy frágiles y dispersas».
La senadora del PRI, Lisbeth Hernández, expuso que la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción contiene una serie de valores para prevenir la corrupción y generar un ambiente de confianza entre la sociedad.
Una vez aprobados los tres dictámenes en lo general, inició el debate en lo particular con la reserva de varios artículos.
