Todo un show se ha hecho con la Propuesta Ciudadana 3 de 3, al grado que hasta los miembros afiliados a la Coparmex se fueron a manifestar al Ángel de la Independencia para exigir la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción.

Esta medida histórica fue tomada por los empresarios después de que los senadores ajustaran la iniciativa para que ellos también presentaran su 3 de 3: su declaración de Situación Patrimonial, su declaración de Impuestos y su declaración de Posible Conflicto de Intereses.

Recordemos que inicialmente la iniciativa iba enfocada a los servidores públicos que manejen recursos u ocupen un cargo de elección popular para que la presentaran y la hicieran pública.

Desde luego que parece una venganza que a los empresarios los obliguen a presentar su 3 de 3, pero dijeran por allí: el que nada debe, nada teme.

Aunque no todos los empresarios estarían obligados a hacerlo, tan sólo los que firmen contratos para obras o servicios del sector público pues es donde se debe transparentar los recursos del pueblo para que no haya moches.

En este mismo espacio, cuando inició el proyecto ciudadano de la Iniciativa 3 de 3, aplaudí la medida, aunque ahora ya no me emociona tanto, y no es que me esté “apejando”, pues en sus recientes declaraciones el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a la Ley 3 de 3 como “una tomadura de pelo”; sino que me pregunto ¿realmente funcionará para abatir la corrupción? Vayamos por partes.

Declaración de Impuestos.- Constitucionalmente, todas las personas físicas y morales estamos obligadas a contribuir con nuestro país a través del pago de impuestos. Por ende, toda persona que recibe un ingreso tiene la obligación de presentar sus declaraciones ante Hacienda. Ahora, reconozco que culturalmente los mexicanos (no todos) evadimos impuestos tratando de pagar lo menos posible.

¿Qué certeza nos da que el funcionario público o empresario dice la verdad respecto a sus ingresos obtenidos en su declaración fiscal?

Desde luego que sólo el SAT “podría” determinarlo, aunque con el caso del Panamá Papers, ha dejado mucho que desear.

Ahora tomemos en cuenta que muchos contribuyentes con apellido político o empresarial contratan los servicios de despachos que les ayudan a “evadir impuestos” o para que no se escuche muy feo, pagar menos a través de la creación de diversas empresas en las que tienen prestanombres o de plano mandan sus capitales a paraísos fiscales.

Y nadie se da cuenta, hasta que un grupo de periodistas ventila a nivel internacional la evasión y el mismo SAT saca un proyecto denominado Retorno de Inversiones, para que los contribuyentes regresen el dinero mandado a otro país y paguen el impuesto correspondiente.

Declaración de Situación Patrimonial.- De acuerdo a la Ley de Responsabilidades Administrativas, los servidores públicos con puesto de jefatura hasta el presidente de la República o los que tengan una relación directa con el manejo o aplicación de dinero público, estarían obligados a presentar esta declaración para dar a conocer la congruencia de sus ingresos y gastos.

Aquí hasta la pregunta sobra ¿ha servido la Declaración de Situación Patrimonial? La historia dice que no, pues si fuese lo contrario no habría municipios, estados e incluso la misma federación endeudados, así como funcionarios enriquecidos de la noche a la mañana.

Declaración de Conflicto de Intereses.- Ésta sí parece ser la gota que derramó el vaso, pues ¿quién señalará a sus prestanombres o socios con los que mantiene cierto conflicto de intereses?

¡Vamos! en muchos casos hasta la familia está inmiscuida.

No me apejo, pero creo que Andrés Manuel López Obrador tiene razón si pensamos que con estas medidas se acabará la corrupción. Parece otra “tomada de pelo”