El pleno de la Cámara de Diputados avaló expedir la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Tras la votación que cerró con 384 votos a favor, 63 en contra y 4 abstenciones, los legisladores procedieron a discutir el dictamen que expide la Ley de Responsabilidades Administrativas y estarían por votar su aval.
Previamente por unanimidad, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la nueva ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la que se establece que los magistrados en esta materia podrán sancionar no sólo a particulares sino a los funcionarios públicos que participen en cohecho y peculado.
De esta manera, en caso de que algún servidor público cometa alguna falta grave como cohecho, peculado, uso indebido de información y abuso de poder, entre otras, serán sancionados no sólo administrativa, sino penalmente.
Se presentaron tres reservas por parte de Morena y Movimiento Ciudadano, pero fueron desechadas.
Una vez que se complete la votación con las otras leyes y se integre se determinará si pasa el Ejecutivo para su entrada en vigor.
Pactan alarga debate anticorrupción
Los coordinadores parlamentarios pactaron votar por separado cada una de las leyes que incluye la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, informó el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva (PRD).
De esta manera, Zambrano desahogará primero la votación general, reservas y la votación en lo particular de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Posteriormente, se hará el mismo procedimiento con la Ley general del Sistema Nacional Anticorrupción y finalmente la Ley general de Responsabilidades administrativas, cuya minuta incluye la obligación de los empresarios a presentar su declaración patrimonial cuando sus negocios involucren recursos públicos (licitaciones o contrataciones) y el modelo para definir el formato y difusión de las declaraciones de los funcionarios públicos.
Una vez que se agoten los tres procesos –ley por ley- se integrará la aprobación de la minuta con o sin cambios para los efectos de la ley. Posteriormente, se discutirá la minuta que adiciona la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que incluye la creación del Fiscal anticorrupción y será después cuando se apruebe la minuta de las reformas al Código Penal Federal.
