Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), celebró que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, vetara el Artículo 32 de la Ley 3de3, con lo que le quita la obligación a empresarios y cerca de 30 millones de mexicanos, de realizar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses.
Sin embargo, dijo, le genera un poco de frustración que no haya actuado de la misma manera con el Artículo 29.
“Habrá que ver cómo queda la redacción, lo que está claro es que no va a pasar en los términos actuales, vamos a ver cómo es el proceso de discusión en el Congreso”, recalcó.
Por otra parte y en cuanto a la investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad sobre el crecimiento significativo de 700% en los contratos que obtuvieron empresas constructoras de tres hijos, sobrinos y parientes de Jesús Murillo Karam, cuando fue procurador, dijo que cabe la posibilidad de considerarse un delito.
“Habría que ver en qué condiciones se dieron los contratos, si hubo una licitación abierta, si hubo un concurso, una competencia para asignarle los contratos a esta empresa, quiénes perdieron, en qué condiciones perdieron, cuáles fueron los precios a los que se asignaron los contratos; lo que reafirma este caso es que sí hay un problema, es como hipótesis, de que la corrupción se da en sector privado y sector público, son empresas privadas de los familiares del ex procurador general de la República”, expuso.
En entrevista para el programa Atando Cabos indicó que con el nuevo Sistema Anticorrupción, se pueden dar investigaciones concurrentes, por lo que este caso lo podría investigar la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, incluso podría entrar el fiscal anticorrupción.
“Con el Sistema sí tenemos elementos que antes no teníamos, podría ser un caso interesante para estrenar algunos de ellos, a pesar de que algunas de estas instituciones todavía no tienen forma, como el caso de la Fiscalía, o quién la encabece”, concluyó.
