El presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso, Roberto Gil Zuarth, turnó a comisiones del Senado las observaciones que el Ejecutivo federal hizo al decreto que expide la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, conocida como Ley 3de3.
Al iniciar la sesión de la Comisión Permanente, el documento se turnó a las comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores, para su análisis.
Las observaciones se concentran principalmente en el Artículo 32, incisos “B” y “C”, para exentar a los empresarios de la obligación de presentar su declaración patrimonial y de intereses, cuando firmen contratos de obras y servicios o reciban dinero público.
El Ejecutivo federal argumenta que la obligación de presentar las declaraciones para los empresarios, pone en peligro otros derechos como la vida, la seguridad, la salud y la libertad personal.
En la exposición de motivos se expone que la obligación establecida para que los particulares presenten declaraciones de situación patrimonial y conflicto de interés, “constituye una intromisión indebida en la esfera jurídica de las personas físicas y morales, particularmente, en su esfera privada, pues, si bien es cierto que se persigue un fin legítimo y de interés público, impone una carga desmedida a todos los particulares que reciben recursos públicos tanto directa, como indirectamente”.
Se añade que esta medida era desproporcionada, pues dadas las circunstancias, la intromisión a la esfera jurídica de los particulares es mayor al beneficio que con ella se pretende alcanzar.
Se prevé que por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, se convoque a un periodo extraordinario el próximo 5 de julio para votar a favor o en contra las observaciones realizadas por el presidente de la República.
