Las diputadas y diputados de la LXIII Legislatura de Veracruz aprobaron la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial que crea la Sala Especializada en Materia Anticorrupción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cuya función será conocer las responsabilidades administrativas de servidores públicos y particulares e impondría las sanciones correspondientes.
Durante la novena sesión ordinaria, del tercer año de labores, el Pleno aprobó este dictamen con 30 votos a favor de los diputados de los grupos legislativos del PRI, PVEM y Nueva Alianza; 14 en contra –de los diputados de las bancadas del PAN, PRD-MC, del legislador del PT, Eladio del Ángel Zumaya; del PRI, Ricardo Ahued Bardahuil; del PVEM, Jesús Vázquez González- y cuatro abstenciones –de los diputados Gerardo Fuentes Flores, de Nueva Alianza; Octavio Pérez Garay y José Ramón Gutiérrez de Velasco, del PRI, así como de Domingo Bahena Corbalá, independiente.
Esta modificación legal instaurará la Sala Especializada en Materia Anticorrupción, misma que recibirá las denuncias clasificadas como faltas graves promovidas por la Contraloría General del Estado (CGE) los órganos de control interno de los entes públicos estatales o municipales o por el Órgano de Fiscalización Superior del estado (ORFIS) y establecer la sanción que harían acreedores quienes infrinjan la legislación.
También fincará a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública estatal o municipal, o al Patrimonio de los entes públicos estatales o municipales.
Sancionará a particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves con la inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, así como posibles nombramientos o encargos públicos del orden estatal, municipal o intermunicipal, según corresponda.
Los magistrados de esta Sala podrán solicitar el auxilio de las salas regionales para la realización de diligencias fuera de su jurisdicción territorial; proponer reformas al reglamento interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y rendir a éste un informe bimestral de actividades.
Tendrán como atribuciones admitir, prevenir y proveer la acción de responsabilidades contenida en el informe de presunta responsabilidad administrativa. Al igual que solicitar la debida integración del expediente para un mejor conocimiento de los hechos en la búsqueda de la verdad material.
Podrán acordar la exhibición de cualquier documento que tenga relación con los mismos, ordenar la práctica de cualquier diligencia o proveer la preparación y desahogo de la prueba pericial cuando planteen cuestiones de carácter técnico y no hubiese sido ofrecida por las partes en el procedimiento de investigación.
Esta sala podrá conocer de los juicios contra particulares donde se les impute responsabilidad administrativa por actos vinculados con otros servidores públicos.
Las resoluciones definitivas de la sala especializada en materia anticorrupción la tomarán por mayoría de votos, por lo que para la validez de las sesiones se requerirá siempre de la presencia de tres Magistrados.
Para llevar a cabo la creación de esta Sala Anticorrupción la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) deberá hacer los ajustes presupuestales correspondientes y dotar al Poder Judicial del Estado de los recursos necesarios.
Por única ocasión el Ejecutivo estatal deberá proponer en una sola terna a tres aspirantes a magistrados.
A través del artículo séptimo transitorio indica que es atribución del Poder Judicial del Estado nombrar a los magistrados de la Sala Especializada en Materia Anticorrupción, quienes mantendrán su adscripción al menos durante los primeros cincos años del ejercicio de su encargo sin perjuicio que puedan permanecer en dichas adscripciones durante todo el periodo para el cual fueron elegidos.
Una vez designados los magistrados de esta Sala, deberán proponer al Consejo de la Judicatura, por conducto del presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el nombramiento del Secretario de Acuerdos, de los secretarios de Estudio y Cuenta, Actuarios y el personal especializado correspondiente.
-DEBATE-
En los posicionamientos, los diputados del grupo legislativo del Partido de la Revolución Democrática-Movimiento Ciudadano (PRD-MC) Cuauhtémoc Pola Estrada y del Partido Acción Nacional (PAN) Julen Rementería del Puerto, al fijar su voto en contra, coincidieron que este Dictamen representa una intromisión del Congreso del Estado en el Poder Judicial al asignarles nuevos magistrados.
Ambos calificaron este decreto de inconstitucional porque la Constitución Política del Estado no faculta al gobernador asignar magistrados a este poder.
Julen Rementería dijo que el Sistema Nacional Anticorrupción está integrado por seis leyes, una de las cuales es la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, misma que aún no está vigente, por lo que los nuevos magistrados de la Sala Anticorrupción no tendrían con qué actuar, advirtió.
El diputado Francisco Garduza Mazariegos expuso que el Dictamen contiene inconsistencias en el articulado. Manifestó estar a favor de la legalidad pero –indicó- todo acto que realice el Congreso de Veracruz debe estar ajustado a derecho.
El diputado Jesús Alberto Velázquez Flores expuso que no tiene sentido crear una nueva sala, dado que en el Poder Judicial hay magistrados que son visitadores, que van de juzgado en juzgado para revisar las acciones. Estos, indicó, podrían ocupar el espacio y con ello evitar el nombramiento de tres nuevos magistrados.
El legislador José Ramón Gutiérrez de Velasco Hoyos anunció su voto en abstención por desconocer el alcance político de este decreto.
El diputado Alejandro Zairick Morante expuso que la creación de la sala especializada en combate a la corrupción y el nombramiento de tres magistrados viola la Ley General de Disciplina Financiera al incrementar los recursos para el pago de más personal. Exhortó al presidente del Tribunal Superior de Justicia emprender las acciones legales para evitarlos.
La diputada Ana Cristina Ledezma López explicó que es el Poder Judicial quien debe elegir a los nuevos magistrados, indicó “en la entidad no debe haber leyes a modo para crear figuras de protección a favor de servidores públicos”.
Esta acción significa un atraco a las finanzas del estado porque instruye realizar ajustes para dotar al Poder Judicial de los recursos necesarios a efecto de dar cumplimiento al decreto que nombra a tres magistrados, reiteró.
El legislador Marco Antonio del Ángel Arroyo refirió que la primera regla de la democracia es el gobierno de las mayorías con respeto de las minorías, “aquí he escuchado en reiteradas ocasiones el resultado del 5 de junio”. Sobre la figura de la Sala Anticorrupción manifestó que quienes hayan hecho mal uso de los recursos públicos deben acatar la ley y él como diputado no protegería a alguien que la infrinja.
El diputado Jorge Vera Hernández calificó como negativo dar más carga financiera al Poder Judicial para la creación de esta Sala y expuso que no se trata de complacer al gobernador saliente o al gobernador que entrará en funciones el 1° de diciembre, dado que el pueblo de Veracruz es quien sufre las consecuencias, acotó.
