En otros artículos he abordado el tema de los abusos de las fuerzas policiales hacia los ciudadanos, reconociendo la mala actuación de algunos policías que se exceden en sus funciones actuando de manera salvaje o arbitraria frente a la ciudadanía, –ya sea recibiendo órdenes superiores o por propia iniciativa—como los casos que se han filmado en el plano local, nacional e internacional que dejan claras evidencias de los daños que provocan en los ciudadanos; pero hoy intentaré explicar los que sucede cuando se violan los derechos humanos de los policías, porque éstos, como personas también los tienen y aspiran a ser tratados con respeto y dignidad.

Las Naciones Unidas, en sus definición de derechos humanos dice que son aquellos: “inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de alguna nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición…Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles”, Luego entonces, los individuos que forman parte de los cuerpos de Seguridad Pública, deben tener asegurada la garantía del respeto a sus derechos y cualquier causa que provoque su violación, debe ser también sancionada.

En nuestro país se violan frecuentemente los derechos humanos de los policías o cuerpos de seguridad en general, principalmente en tres diferentes formas:

1) En sus derechos laborales; 2) A través de la discriminación y estigma social en donde se criminaliza su presencia y 3) en su seguridad personal y familiar.

1.-La violación a sus derechos laborales.-Ello se manifiesta al padecer éstos precarias condiciones de trabajo. El propio patrón, sea gobierno municipal, estatal o federal, en el mayor de los casos no realiza una buena selección de personal, no les proporciona las habilidades y conocimientos mínimos necesarios (defensa personal, manejo de armas de vanguardia, labor de inteligencia cognitiva y emocional, razonamiento y uso del juicio, etc.), como para ejercer su función de manera profesional. Por otra parte, comúnmente perciben bajos salarios y son casos excepcionales los que gozan de un seguro de vida y no hay beneficios para sus familias[1].

Así mismo, las diferencias entre los cuerpos policiacos dentro del propio Sistema de Seguridad, hacen que se marquen distinciones en policías de primera, segunda, incluso de tercera clase. Porque las condiciones laborales y beneficios para todos, no son las mismas. No es lo mismo lo que gana un policía rural o municipal de aquellos que trabajan en los cuerpos de élite del propio sistema estatal o federal. Eso hace que los propios elementos –ciertas corporaciones–, se sientan segregados de los beneficios del sistema, en función de esa desigualdad e inequidad. Un policía que no es tratado con dignidad, es un policía que falla en su trabajo o se colude con los grupos delincuenciales con facilidad.

2.-El estigma social.- El rechazo social hacia los guardianes del orden, hace que sean blanco frecuente de la canalización de corajes y revanchas públicas—que de hecho van dirigidas hacia el gobierno–, pero que a ellos les toca enfrentar por ser los operadores y responsables directos de restablecer el orden en las calles, carreteras, áreas públicas, etc., sean zonas rurales y urbanas.

A menudo son repelidos por grupos en número mayor que les sacan ventaja. En ciertos casos, al hacerle frente a la provocación les vuelve también protagonistas de escenas humillantes donde la saña de la población se exterioriza contra su figura; y lo que es peor, hay gente que se alegra de tales hechos, cuando los medios publicitan estas imágenes. En el peor de los escenarios, cuando estos cuerpos son atacados –y no hay indicaciones de un mando superior para operar y se conservan firmes–, se convierten en el “sparring” de la violencia de los manifestantes que se vuelven verdaderos criminales, lamentándose lesiones graves en muchos de ellos o bajas, como consecuencia de dichos ataques irracionales de una masa encolerizada.

Lo anterior, solo abona a generar modelos inadecuados de desacato a la autoridad y de fomento a la agresión de esos grupos radicales hacia quienes en cumplimiento de su deber, deben defender los intereses de la ciudadanía en general y no de grupos particulares. Por lo tanto, tan es dañino socialmente el que un policía se exceda frente a la sociedad, como el que esta misma masa violenta se convierta en el verdugo de las fuerzas del orden.

3.-La seguridad personal y la de sus familias. –Indudablemente, al ser el policía un personaje que esta para restablecer el orden a costa de todo, –si fuera el caso y dependiendo el grado o nivel que ostente –, siempre estará expuesto o en riesgo a ser lesionado en su integridad física, emocional y por ende hasta perder la vida. Pero su misión no es morir, sino defender a las personas enfrentando a quienes infringen la Ley. Su principal función es cumplir con sus códigos policiales y normas institucionales, resguardando a la sociedad contra la delincuencia, previniendo los riesgos e interviniendo con energía cuando corra peligro la sociedad en general.

Por lo tanto, a veces es inexplicable, que el propio gobierno –cuya intervención debe ser por niveles: primero el municipal, después el estatal y por último el federal–, permita que las manifestaciones y el desorden aumenten y se agudicen, no asumiendo cada nivel su responsabilidad y no dando soluciones a tiempo que podrían evitar enfrentamientos serios entre manifestantes y estas corporaciones.

Por otra parte, en el inconsciente social, siempre se tienen presentes las victimas ciudadanas—que son de lamentarse–; normalmente cuando hay enfrentamientos, la importancia siempre estará en los heridos o fallecidos de la comunidad. Pero no se toma en cuenta, ni se centra la atención en la muerte de policías que quedan ultimados en el cumplimiento de su deber. La propia sociedad se vuelve insensible hacia lo que acontece con estas personas.

Cuando muere un policía, jamás los medios ni la sociedad habla de qué paso con su familia, con sus cónyuges, sus hijos, sus padres, etc., normalmente éstos quedan en el desamparo económico e incluso amenazados por los propios grupos delincuenciales. No se piensa en sus derechos humanos. Jamás se habla de que esas familias reciban un tratamiento especial para recuperar el ánimo –pues también son víctimas—para que puedan restablecer su vida a la normalidad. Por el contrario, quedan en la pobreza, a expensas de las amenazas y por lo general tienen que partir a otros destinos.

Por eso cuando veo en la TV, escenas de movimientos radicales atacando a policías—pateándolos, tirándoles piedras, bombas– y hoy, siendo agredidos por bandas delincuenciales que se infiltran en estas acciones masivas disparándoles intencionalmente–, sólo me confirma que alguien desde el gobierno–sea del nivel correspondiente–, no está haciendo bien su trabajo y sólo está justificando su “intervención a medias”, enviando al “matadero” a los cuerpos de seguridad. Un policía opera si recibe órdenes o de acuerdo a las circunstancias, y está preparado para enfrenar el conflicto siendo su última alternativa la violencia. Pero cuando la provocación y agresión pone en riesgo la vida de los demás y la propia, su obligación es llegar hasta las últimas consecuencias, no perdiendo el fin principal; resguardar la seguridad pública. Y ahí es donde viene la incomprensión. Porque si actúan y hay lesionados, el juicio sumario de la sociedad está presente y los propios medios los criminalizan. Y si no responden, engrandecen la imagen de los manifestantes con la tendencia a dejarlos en ridículo frente a la sociedad.

Otro aspecto, que están padeciendo las fuerzas policiacas, es el recibir órdenes de funcionarios que están involucrados en actividades ilícitas, que los convierten en sus ejércitos particulares para operar en sus fines e intereses. Y los elementos obedecen por que la propia necesidad de un policía mal pagado, no preparado y ávido de reconocimiento, hace que sean presa fácil de esas guías y susceptible de convertirse igualmente en delincuente.

Luego entonces ¿qué se puede hacer para que el trato de los policías sea justo y digno?

Las leyes federales y locales son muy claras respecto a las funciones y obligaciones de los cuerpos de seguridad. Por ejemplo en el Estado de Veracruz la Ley 553 del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado Libre y Soberano de Veracruz Llave[2], establece en ella las disposiciones, objeto, organización u operación del sistema, la función del Consejo Estatal de Seguridad pública, de su Secretaría Ejecutiva, de los Consejos Municipales y las instancias de coordinación, del Centro Estatal de mando, entre otros aspectos. Pero llama la atención que en su título III en sus artículos 28 y 29 únicamente detalle las obligaciones y sanciones para sus integrantes, debiendo existir mínimo un apartado que detalle la obligación del estado para conservar en óptimas condiciones estos cuerpos para garantizar eficiencia y respetar sus derechos. A excepción del artículo 50 del título cuarto, en que habla de los beneficios y estímulos a los que podrían aspirar quienes ingresen al Servicio Civil de Carrera con interés de profesionalizarse, el asunto de los derechos (percibir un sueldo digno, prestaciones de Ley, preparación permanente y otorgamiento de estímulos, ascensos y promociones) pasa desapercibido. Si me equivoco que me corrijan.

En resumen, si la seguridad pública es una función primordial a cargo de la Federación, el Estado y los municipios, que tiene como fin salvaguardar la integridad y derechos de las personas, preservar las libertades, el orden y la paz pública, sancionar las infracciones administrativas, pugnar por la investigación efectiva y lograr la prevención general y especial de los delitos, así como la persecución de los mismos y la reinserción social del individuo en términos de lo dispuesto en la Constitución General de la República y las Constituciones Políticas y leyes locales, razón de más para preocuparse por su mejoramiento creando perfiles policiales idóneos y buenos funcionarios, que se preocupen por garantizar el respeto a los derechos de sus integrantes y de la sociedad en su conjunto y con ello, sea el propio sistema el que salga beneficiado en su prestigio, abonando a la confianza y certidumbre de la comunidad.

Gracias y hasta la próxima.

[1] De la Barreda,Luis, (2014) Diagnostico sobre los derechos humanos de los Policías, Coordinación del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM.

[2] Ley 553 del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado Libre y Soberano de Veracruz Llave, http://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/SEGPUBLICA030713.pdf