El Estado tiene una deuda histórica con las mujeres, sobre todo en materia de derecho, justicia e igualdad, por lo que es fundamental aprobar las reformas al Código Civil para el Estado, dado que éste fue creado en 1932 y debe responder a la realidad actual, aseguró la diputada María Belén Fernández del Puerto.
La presidenta de la Comisión Permanente de Derechos de la Niñez y la Familia explicó que la Iniciativa que reforma diversas disposiciones al Código Civil –presentada el pasado 28 de julio por la diputada Mónica Robles Barajas- integra las propuestas de sus homólogos Gabriela Arango Gibb y Alfredo Gándara Andrade en relación a la libre decisión de los padres de asignarles el apellido a sus hijos en el orden que ellos consideren pertinente.
Esta reforma, indicó Belén Fernández, también considera las propuestas de los legisladores Gustavo Gudiño Corro, referente al divorcio, y de Cuauhtémoc Pola Estrada sobre el matrimonio igualitario.
La iniciativa plantea la necesidad de actualizar el Código Civil para el Estado, dado que el actual data de hace 84 años, y en él existía una regulación estricta que protegía la institución familiar sobre todas las cosas, lo que produjo leyes restrictivas para las mujeres.
Además, los mandatos sociales de la época determinaban una desigualdad expresa en cuanto a la moral de ambos sexos.
Por ello, los ordenamientos en la materia deben ajustarse a la actual realidad de convivencia humana, con respeto al punto de vista, valores y principios de cada uno de los ciudadanos.
La diputada reiteró que son fundamentales las modificaciones al Código Civil respecto al nombre de las personas físicas, el matrimonio, la violencia familiar, paternidad y filiación, así como en lo referente a pensión alimenticia, ya que darían cumplimiento al principio de igualdad entre mujeres y hombres, previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Fernández del Puerto expuso que una de las propuestas que hizo en tribuna y está integrada en la iniciativa considera que las mujeres que demanden el pago de alimentos, bajo el argumento de dedicarse preponderantemente al trabajo del hogar y al cuidado y educación de los hijos, tendrían en su favor la presunción de necesitarlos.
“Es importante trabajar para lograr que el Código se apruebe, porque dichas transformaciones son de índole sociocultural, económica y de género, y reflejarán un trato más equitativo entre hombres y mujeres, así como en las formas y criterios de protección”, concluyó.
