Parece que no entendemos las lecciones que la naturaleza año con año nos da. Seguimos con los mismos errores, los mismos discursos y con nuevas pérdidas humanas y materiales. El paso de la tormenta tropical “Earl” por territorio veracruzano nos vuelve a dar una bofetada. No aprendemos o aprendimos bien. Es decir, sabemos que habrá daños y eso permite cerrar los círculos de la corrupción pública y social.
Siempre –o casi siempre- los afectados por los fenómenos naturales son familias con recursos insuficientes. Muchas de ellas asentadas en zonas de alto riesgo y que las autoridades municipales en complicidad con algunos funcionarios estatales “regularizan” para “dar certidumbre jurídica al patrimonio familiar.”
Pero es sabido que más temprano que tarde habrá problemas en esas zonas: deslaves, derrumbes, inundaciones, hundimientos, etcétera. ¿Si ya sabían las autoridades que son zonas de riesgo, por qué autorizan, permiten y solapa los asentamientos humanos?
El círculo corruptivo inicia con “líderes” sin escrúpulos que aprovechan las necesidades de las familias que carecen de ingresos fijos y un patrimonio. Invaden, roban, se apoderan de terrenos sin importar si son aptos para el desarrollo urbano. La segunda parte viene con el cobro de servicios municipales y de energía eléctrica. Es decir, empiezan a solaparlos. Después viene un tortuoso camino para que se entreguen las escrituras.
Los reclamos de los vecinos para la construcción de muros de contención, servicio de agua, alumbrado público, y demás necesidades son la constante. Resulta obvio que con las temporadas de lluvias y huracanes empiezan los problemas. Tiempo de actuar de los gobiernos al solicitar “declaratorias de desastre” y allegarse recursos federales para “apoyar” a las familias afectadas. Dichos apoyos se limitan a cobijas, despensas y uno que otro enser doméstico. Pero no hay una propuesta de reubicación, de garantizar la estabilidad de las familias. No, ahí se les deja para que en el futuro sigan siendo moneda de cambio para gobiernos venideros.
Por supuesto que esta situación también pasa con unidades habitacionales y fraccionamientos. El negocio no tiene moral ni estatus social. Cualquier ciudad del estado tiene estos problemas. Ninguna se salva y ningún Cabildo ha dado respuesta que solucione estructuralmente el problema. Pareciera que lo que importa es el negocio del Fonden.
De ahí la importancia del llamado que hace el diputado Eduardo Sánchez Macías, para sancionar a las autoridades municipales que no apliquen la ley de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz, al permitir asentamientos humanos en zonas de alto riesgo.
El vocal de la Comisión de Protección Civil del Congreso del Estado, lamentó el deceso de al menos 13 personas en el estado, a consecuencia de las intensas lluvias que dejó a su paso la tormenta tropical “Earl”.
De acuerdo con información de autoridades estatales, la mayoría de las víctimas perdieron la vida por el desgajamiento de cerros en los municipios de La Perla, Tequila, Coscomatepec y Huayacocotla, y en otros casos se logró salvar gente porque intervino Protección Civil y diversos cuerpos de rescate para trasladarlos a lugares seguros.
“Para evitar más tragedias se tiene que aplicar la Ley de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz, que fue publicada en la Gaceta Oficial del Estado el 1 de agosto de 2013. La ley es vigente a partir de su promulgación y no es retroactiva, pero la Secretaría de Protección Civil ahora debe estar muy atenta y proceder contra los ayuntamientos o presidentes municipales que no cumplan la norma”.
Por supuesto que la mejor opinión es la de Usted. Por hoy es todo, les deseo un excelente fin de semana y nos leemos en la próxima entrega.
