La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que presentaron los diputados del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano contra de la llamada Ley 3de3.
El recurso 70/2016 fue turnado a la ponencia del Ministro José Ramón Cossío Díaz, quien la admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad.
Los diputados de las tres fracciones parlamentarias impugnaron el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que obliga a los servidores públicos a presentar sus declaraciones patrimoniales, de conflicto interés y fiscal, así como hacer públicas sus declaraciones.
El pasado 16 de agosto los legisladores aseguraron que el artículo atenta contra el derecho a la información al obligar a los servidores públicos a la máxima publicidad y transparencia de sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses.
“El 40% de la Cámara de Diputados está solicitándole a la Suprema Corte de Justicia que nos resuelva si tenemos o no la razón. Nosotros estamos seguros de que la tenemos, porque la aprobación de la Ley de Responsabilidades rompe con el espíritu constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción. Que las declaraciones tienen que ser completamente públicas”, dijo Marko Cortes, coordinador de los diputados del PAN.
Francisco Martínez Neri, coordinador del PRD mencionó que “nos parece que en este ambiente de corrupción, en el que por desgracia vive nuestro país, es importante que la ciudadanía tenga la posibilidad de conocer, de manera profunda, ¿cuáles son los datos patrimoniales?, ¿cuáles son los datos de interés?, ¿cuáles son los datos que tienen que ver con la cuestión fiscal?, de aquellas personas que sirven al interés público”.
El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, José Clemente Castañeda consideró que “hemos insistido en que las declaraciones patrimoniales, fiscales y de interés deben ser públicas, completas y obligatorias y justamente eso es lo que estamos argumentando, para que el artículo 29 de la Ley de Responsabilidades pueda ser corregido y pueda modificarse en función del interés público”.
