Senadores de Filipinas abrieron el lunes una investigación sobre la muerte de más de mil 700 presuntos distribuidores y consumidores de droga dentro de una operación contra el narcotráfico encabezada por el presidente del país, Rodrigo Duterte. Varios testigos acusan a algunos policías de asesinar a sospechosos y de estar relacionados con el tráfico ilegal de sustancias.
El gran número de muertes ha alarmado a los grupos defensores de los derechos humanos y la jerarquía de la Iglesia católica, así como a Estados Unidos y expertos en derechos humanos de la ONU, que han advertido al gobierno filipino que lo podrían considerar responsable.
La senadora Leila de Lima, que preside el comité del Senado que encabeza la pesquisa, dijo estar preocupada por los homicidios generalizados y porque agentes de la ley y vigilantes pueden estar empleando la ofensiva “para cometer crímenes con impunidad”.
Al menos mil 779 sospechosos han muerto, 712 de ellos en choques con la policía y el resto en circunstancias no aclaradas, dijo a los senadores el jefe de la policía nacional, Ronald dela Rosa. Añadió que no condonaba las matanzas extrajudiciales.
El senador Antonio Trillanes IV, preguntó a dela Rosa por qué la policía no ha podido detener las matanzas cometidas por presuntos autodesignados justicieros, entre ellos pistoleros en moto.
“Esto es como la anarquía”, dijo Trillanes. “Continúa bajo su mando”.
Duterte, que ganó renombre como alcalde perseguidor de delincuentes antes de llegar a la presidencia en junio, ha amenazado reiteradamente con matar criminales, en particular narcos, amenaza que dela Rosa ha repetido y sobre la cual incluso ha bromeado. Ante la ola de críticas, ambos han dicho que los policías tienen órdenes de disparar solamente si sus vidas corren peligro.
Harra Besorio, una testigo que declaró ante el comité del Senado, dijo que la policía arrestó ilegalmente a su novio y el padre de él y los golpeó frente a ella. Los vecinos los llevaron luego a una comisaría antidrogas donde los mataron a tiros el mes pasado, añadió.
Mientras allanaban su casa sin orden judicial, un agente desnudó a su hija de dos años para ver si la usaban para ocultar drogas, pero no encontró nada, dijo Besorio en la audiencia televisada.
Duterte amenazó el domingo con retirar a su país de la ONU, en su más reciente ataque contra los críticos de su violenta campaña antidrogas, la cual ha dejado centenares de muertos.
Las críticas contra la cruzada de Duterte contra un problema que él dice que se ha convertido en una pandemia, provocaron un arrebato de furia del presidente, quien realizó una conferencia de prensa después de la medianoche del sábado que se prolongó más de dos horas.
“Quizá simplemente tendremos que decidir separarnos de las Naciones Unidas. Si eres tan vil, entonces sencillamente te dejaremos”, dijo Duterte a reporteros en Davao, una ciudad donde se forjó primero una reputación por su duro estilo contra el crimen cuando fue alcalde de esta ciudad en el sur del país.
Si Filipinas rompe con la ONU, a la que Duterte calificó como “inútil” y “estúpida”, el mandatario dijo que invitaría a otras naciones como China y a países africanos a formar un nuevo organismo internacional. La ONU, señaló, debería regresar las contribuciones financieras de Manila.
