El Senado brasileño declaró abierta hoy la primera sesión de la fase final del juicio político contra la presidenta, Dilma Rousseff, que concluirá la semana próxima y en la que inicialmente escuchará a testigos de la acusación y la defensa.
“El Senado está reunido para actuar como órgano juzgador, con la grave responsabilidad constitucional de decidir sobre una presidenta elegida por el voto popular, para condenar o absolver”, declaró el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandoski, que dirige las sesiones como garante constitucional del proceso.
“Los senadores se convierten ahora en verdaderos jueces y, por tanto, deben dejar de lado sus preferencias políticas y personales”, para “actuar con la máxima exención y objetividad” y evitar “todo comportamiento que pueda suponer favoritismo o predisposición” en relación al caso, añadió.
La sesión comenzará con testimonios de fiscales del Tribunal de Cuentas, órgano auditor del Estado que detectó las irregularidades en la gestión de los presupuestos que llevaron a la apertura de este proceso que, entre el martes y miércoles próximos, concluirá con una decisión final sobre el destino de Rousseff.
Los fiscales han sido convocados por la parte acusadora y son Julio Marcelo de Oliveira y Antonio Carlos Costa D’Ávila, que ya se han manifestado sobre el caso y asegurado que Rousseff incurrió en irregularidades “graves” en el manejo de los presupuestos.
De Oliveira y D’Ávila han declarado ya en fases anteriores del proceso y han coincidido en que el Gobierno de Rousseff generó gastos sin base fiscal para ello y se valió de la banca pública para financiarlos, lo que está expresamente prohibido por la ley.
Según la acusación, eso configura un “delito de responsabilidad”, contemplado en la Constitución brasileña como un posible motivo para un juicio con miras a la destitución de un presidente.
En la etapa que comienza hoy, también se escuchará a otros seis testigos presentados por la defensa de Rousseff, que niega todos los cargos y sostiene que el juicio tiene un carácter netamente político y constituye en realidad un “golpe parlamentario”.
En favor de Rousseff declararán su exministro de Hacienda Nelson Barbosa y otros exfuncionarios de su Gobierno, así como dos expertos en finanzas públicas de universidades federales.
El Senado calcula que terminará de escuchar a los testigos la noche de este viernes o durante la madrugada del sábado, tras lo cual el proceso tendrá un receso hasta el lunes, cuando se escuchará a la propia Rousseff.
La gobernante acudirá por primera vez al Senado desde que se inició el proceso, el pasado 12 de mayo, cuando fue suspendida de sus funciones y sustituida, de momento en forma temporal, por su hasta entonces vicepresidente Michel Temer.
La semana pasada, Rousseff dijo a corresponsales extranjeros que del Senado sólo “espera justicia”, que reconozca su “inocencia” y la restituya en el poder.
En la sesión del lunes, Rousseff dispondrá de media hora para presentar su alegato, tras lo cual deberá responder a las preguntas que pueda formular cada uno de los 81 senadores.
Según las previsiones del Senado, tras escuchar a Rousseff, se abrirá un espacio para debates y, una vez concluidos, se procederá a la votación que decidirá la suerte de la mandataria, la cual sería realizada el martes o miércoles.
Rousseff será destituida si así lo decide una mayoría calificada de 54 votos, que representan dos tercios de los escaños del Senado.
En ese caso, Temer será confirmado en el poder hasta el 1 de enero de 2019, cuando le entregaría el cargo al ganador de las elecciones previstas para octubre de 2018.
Sin embargo, si Rousseff fuera absuelta, recuperará el poder y Temer volverá a ocupar la Vicepresidencia, aunque en su entorno se asegura que renunciaría de inmediato por su pública enemistad con la presidenta, que lo acusa abiertamente de “golpista”.
