La diputada María del Carmen Pontón Villa consideró necesaria la publicación en la Gaceta Oficial del Estado del decreto relativo a que el Plan Veracruzano de Desarrollo sea aprobado por el Congreso y que la persona electa como gobernador para el periodo 2016-2018 pudiera convocar a ciudadanos, servidores públicos y asesores expertos en la materia, para la realización de los trabajos necesarios para la elaboración de este documento.

Durante la tercera sesión ordinaria, que inició a las 11:50 horas, y a nombre del grupo legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada expuso que el proceso legislativo culminó el pasado 9 de junio luego de ser aprobada esta reforma en sus periodos ordinarios y el aval de 212 ayuntamientos, por lo que el Ejecutivo debe ordenar la publicación para su entrada en vigencia.

En tribuna, la diputada Pontón Villa abundó que este ordenamiento dispone la planeación para fijar los objetivos, estrategias, acciones, metas, prioridades y programas de ejecución del desarrollo integral del Estado.

La legisladora recordó que el 12 de julio el diputado Joaquín Rosendo Guzmán Avilés presentó un Anteproyecto con el objeto de que frente a la omisión de ordenar la publicación de esta reforma constitucional lo hiciera el propio Congreso al amparo de la facultad que le confiere el artículo 36 de la Constitución estatal, sin embargo, dicha solicitud fue turnada a la Junta de Coordinación Política.

El diputado Jorge Vera Hernández -indicó la también presidenta de la Comisión de Hacienda Municipal- informó que en el año 2007 la Legislatura ordenó la publicación de la Ley 591 para la Protección de los No fumadores del Estado y por la naturaleza de la petición solicitó que fuera sometida a votación por ser un asunto de urgente y obvia resolución.

Esto es parte de la división de Poderes, argumento la diputada María del Carmen Pontón, “si en este Congreso fue presentada la iniciativa, turnada a Comisiones, dictaminada favorablemente, aprobada con mayoría calificada en un primer y segundo período ordinario, respaldada por 121 ayuntamientos y declarada válida, resulta incongruente que el mismo órgano que le dio origen, ahora se niegue a publicarla”.