España tiene una deuda con la paz.
A cinco años del anuncio del grupo terrorista vasco ETA del cese definitivo de su actividad armada, la situación del conflicto luce estancada y carente de voluntad política por parte del gobierno para negociar un final, a casi sesenta años de su inicio.
Y una solución a corto plazo se antoja difícil a causa del bloqueo político que atraviesa el país europeo desde hace casi un año y que no ha permitido la formación de un gobierno estable.
El conservador Partido Popular (PP), actualmente en el poder y liderado por el actual presidente en funciones, Mariano Rajoy –quien posiblemente será investido para un nuevo mandato en breve- ha descartado cualquier posibilidad de diálogo.
El PP exige unilateralmente que ETA entregue las armas, la revelación de todos los escondites de su arsenal y un comunicado oficial que anuncie su disolución formal.
Además, ha mantenido una ofensiva policial contra el grupo radical y sus integrantes a pesar de la voluntad de éste a terminar con la violencia.
829 víctimas mortales de ETA son reconocidas por el gobierno, pero asociaciones y ONGs dan cuenta de 858.
Desde el 20 de octubre de 2011, cuando ETA se desmovilizó, 168 miembros han sido detenidos: 95 en España, 54 en Francia y 19 en otros países como Reino Unido, México, Bélgica o Italia.
Otro factor que alimenta las improbabilidades de una solución es la política dispersión hacia los etarras presos, una medida que se ha reforzado durante los años de gobierno del PP.
De acuerdo con cifras facilitadas por la plataforma ciudadana Sare (‘Red’ en euskera), hace cinco años había 665 presos dispersados en 71 cárceles, lo que suponía el 98.8% de ese colectivo.
De ellos, sólo ocho se encontraban en prisiones del País Vasco.
A día de hoy existen 360 reclusos, pero no precisamente por una actitud benevolente de las instituciones, sino porque han cumplido sus condenas”, explicó Joseba Azkarraga, ex consejero de Justicia del Gobierno Vasco y actual portavoz de Sare, al diario español Público.
Según Sare, de los 360 reclusos que existen en la actualidad, el 99.17% está en cárceles lejanas a sus domicilios
El último clavo a la ataúd de una paz negociada está en manos de Francia –donde ETA también estuvo activo- cuyo gobierno también se ha negado a sentarse a la mesa.
Organizaciones internacionales y expertos han mostrado su incredulidad ante las inflexibles posturas de Madrid y París a atender la disposición de una organización armada que quiere desarmarse de una forma ordenada.
Otras voces
El resto de los partidos políticos españoles han mostrado posturas más conciliadoras.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se muestra favorable al diálogo; Podemos aboga por un proceso estructurado para el desarme; y Ciudadanos considera que el conflicto no es tal, y que la situación ha de limitarse a lo judicial.
El Partido Nacional Vasco (PNV) rechaza la vía unilateral adoptada por el PP y pide «convivencia», mientras que la coalición vasca EH-Bildu enlista varios ejes que deben caminar simultáneamente: desarmar a ETA, reparar el daño a las víctimas, solventar la situación de los presos y desmilitarizar el País Vasco.
Incertidumbre
La sociedad española encara la situación dividida en dos principales bandos: los que han recibido con regocijo la desmovilización y los que dudan que sea real.
Los escépticos tienen razones de pesos para no creer, pues ETA ya había anunciado en el pasado varias treguas que se rompieron luego de algunos meses de paz.
Algunos creen que esta tregua que se ha prolongado por cinco años y el estancamiento de un posible solución definitiva podría provocar la irrupción de células o facciones de militantes que decidan actuar por su cuenta y reanuden las hostilidades.
ETA, aunque inactiva, tampoco se ha disuelto formalmente.
Sin embargo, la paz aún no ha muerto, pues grupos como la organización civil Foro Social o el Grupo Internacional de Contacto aún tratan de impulsar el proceso de paz en Euskadi.
