En comisiones, el Senado aprobó esta mañana las reformas a la Ley General de Víctimas, pero dejó fuera los planteamientos centrales de las organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos. Con modificaciones de última hora se acordó que por esta única ocasión el presidente Enrique Peña Nieto envíe el nombramiento del comisionado presidente de la CEAV, con duración de tres años, previa consulta con organizaciones civiles y expertos.
Para el siguiente nombramiento del comisionado presidente, el Ejecutivo deberá enviar una terna y el Senado lo nombrará para un periodo de cinco años, previa consulta con organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos.
En la reforma se acordó una Junta de Gobierno integrada por cuatro secretarios de Estado; cuatro representantes de organizaciones civiles, y el comisionado presidente de la CEAV.
También se incluyó en las reformas a la ley “el desplazamiento interno”, para que las personas o familias que sufran este fenómeno sean reconocidas como víctimas y reciban ayuda médico, sicológica y económica. Sin embargo, no quedó el término como lo demandaban las organizaciones de víctimas de “desplazamiento interno forzado”.
En el debate en comisiones, la senadora independiente Martha Tagle cuestionó: “no entiendo por qué un quinto transitorio, para que por única vez el comisionado presidente sea designado por el Ejecutivo, si ya tenemos la facultad de que el Senado lo elija de una terna, o es que el Ejecutivo ‘ya tiene quién va a ser el comisionado presidente’ y no lo quiere someter a terna”.
La senadora pidió no hacer artículos transitorios “al contentillo” para que se designe a una personas de manera directa y que no se someta a la presentación de una terna y por qué, insistió, “será nombrado para tres años y no para los cinco que ya están en la ley”.
En comisiones, el PRD votó dividido. Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, una de las dictaminadoras, votó a favor y en contra los perredistas Armando Ríos Piter y Benjamín Robles Montoya.
Armando Ríos Piter cuestionó quién propuso que por única vez el Ejecutivo nombrara al comisionado presidente de la CEAV por tres años, pero no se le respondió. Ante su insistente reclamo, la perredista De la Peña refirió: “fue un acuerdo político”.
Asimismo, el senador Manuel Cárdenas cuestionó por qué no se precisa en la reforma la autoridad que estará obligada a resarcir los daños. Otro de los cuestionamientos de Ríos Piter, y que también formularon por escrito organizaciones civiles, fue el carácter de la CEAV, es decir que no quede definido como “órgano descentralizado o desconcentrado”.
Sin embargo, De la Peña insistió: “aunque no quedó especificado que es un órgano descentralizado, en realidad sí lo es porque así está en el decreto que le dio origen y ese no se modifica”.
Uno más de los reclamos de las organizaciones civiles que no fue atendido fue que se estableciera la Junta de Gobierno integrada por cuatro secretarios de Estado: Hacienda, Gobernación, Salud y Educación. “Las organizaciones civiles no quieren que haya funcionarios de gobierno que encabecen la CEAV y este consejo va a decidir los criterios para otorgar la ayuda”, se indicó en el debate en comisiones.
Las reservas será presentadas para su discusión en el pleno. Se aprobó el dictamen en comisiones por mayoría.
