La implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA) transparentará la actuación de las autoridades, pero sobre todo democratizará la impartición y procuración de la justicia, dijo la diputada Marcela Aguilera Landeta, quien lamentó que en Veracruz aún haya resistencia para aterrizarlo al 100 por ciento.
La presidenta de la Comisión de Procuración Justicia del Congreso del Estado, destacó que el nuevo sistema procesal obliga a cambiar la cultura jurídica y a transformar las formas para la aplicación del derecho, pero urge redoblar esfuerzos para que en Veracruz sea cumplida a cabalidad esta disposición constitucional.
“Yo sigo recibiendo comentarios de abogados y estudiantes de que aún enfrentan problemas para la implementación, eso tiene que corregirse”, precisó.
La legisladora confió que las universidades tanto públicas como privadas preparen bien a los nuevos profesionales del Derecho, para que al egresar dispongan de herramientas, capacidad argumentativa y los conocimientos necesarios para llevar un juicio penal y resolver problemas.
La discusión no tiene que centrarse sólo en la falta de infraestructura, capacitación y disposición de abogados, peritos, policías municipales y estatales; estudiantes y otros actores son muy importantes, enfatizó la legisladora.
Respecto de la construcción de las salas de juicios orales y equipamiento, la diputada recomendó acondicionar edificios ya existentes en caso de que no puedan construirse nuevos.
El Poder Judicial del Estado, dijo, renta inmuebles en diversos municipios de la entidad; urge que se apeguen a las necesidades del nuevo sistema penal.
“Si no hay presupuesto para construir salas, hay que hacer ciertas modificaciones para instalar juzgados y salas de juicios orales en el mismo inmueble; de nada servirá tener grandes edificios sino avanza a la par la buena capacitación y profesionalización de estudiantes, peritos, policías. Hay que caminar a la par”, puntualizó.
Aguilera Landeta reconoció que hay juicios en proceso que iniciaron antes de la reforma y por ley hay que llevarlos bajo el anterior sistema penal, y conforme la marcha corregir fallas del nuevo sistema porque hay especialistas que advierten que al ser tan protector de derechos humanos, éste conlleva el riesgo de permitir que personas responsables de algún delito salgan libres.
