La pregunta que vamos a tener que hacernos los veracruzanos es: Y AHORA QUIÉN PODRÁ SALVARNOS?…Ni el mismísimo Chapulín Colorado estaría en posibilidades de resolver la encrucijada en que se encuentra nuestro estado.
Hoy, 1 de noviembre, de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado de Veracruz, en el capítulo DE LA TRANSMISIÓN Y CONTINUIDAD DE LOS ASUNTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, señala lo correspondiente a la Entrega-Recepción y lo puntualiza así:
Artículo 58. A partir del día 1 de noviembre del año de la transmisión del Poder Ejecutivo, en términos del artículo 44 de la Constitución Política del Estado, el Gobernador y los Titulares de las dependencias y entidades del Ejecutivo dispondrán lo necesario para iniciar la entrega de los asuntos de la Administración Pública encomendados a su cuidado.
Para este efecto: I. Agilizarán los programas cuyo plazo de terminación no exceda de treinta días, para su oportuno cumplimiento;
II. Vigilarán la continuación de los programas de plazo de terminación mayor a treinta días ….. IV. Informarán al Gobernador electo, o a quienes éste designe, sobre el estado de los asuntos que tengan encomendados, realizando con ellos las juntas de trabajo que se requieran, de preferencia fuera del horario de labores;
VII. Formularán las actas de entrega correspondientes, que deberán suscribirse hasta la fecha de entrega;
Sin embargo, hoy 1 de noviembre no se ha cumplido con este mandamiento, pues el equipo que representa al gobernador electo, dio a conocer su postura: “La instrucción del gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares, es que para dar inicio a la Entrega-Recepción, el Estado haya cubierto el total de los adeudos que mantiene con Ayuntamientos, Becas, Universidad Veracruzana (UV), proveedores”.
“Esta solicitud incluía que fueran liquidados totalmente los adeudos que se tenían con los Ayuntamientos del estado de Veracruz, los adeudos que se tienen con la Universidad Veracruzana, los adeudos que se tienen con los maestros, la indicación que tenemos es que si no es así, si no se ha cumplido con esto, no podemos dar inicio a los trabajos hasta que esto esté cumplido”.
En su momento, el titular de SEFIPLAN, Antonio Gómez Pelegrín, dejó en claro que no existen esas condiciones y aclaró que se trata de procesos diferentes.
“Esos requisitos previos que están estableciendo en este momento no están cumplidas, no hemos tenido todavía la posibilidad de hacerlo, pensamos que son dos cuestiones diferentes, uno es el cumplimiento de los diversos compromisos institucionales que en su momento tendrá que hacer el gobierno del Estado que está en funciones y otro es el proceso de Entrega – Recepción, que establece la ley, lo digo con toda sinceridad, en este momento no están satisfechos esos planteamientos, la decisión de continuar o no con este proceso no está en nuestras manos”.
Lo que provocó la intervención de Muñoz Gánem quien reiteró que ante esta situación no iniciarán dicho proceso.
Finalmente, Humberto Alonso Moreli, del equipo de Yunes Linares, hizo, de manera directa y agresiva, señalamientos directos al titular de Sefiplan, Antonio Gómez Pelegrín, de ser corresponsable de la situación que enfrenta actualmente el estado, sentenciándolo a cuando menos 10 años de cárcel.
En este nuevo escenario, no se avizora que pronto se inicie el proceso de Entrega-Recepción como se enmarca en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, como señalamos líneas antes, ya que siendo inamovible la postura del representativo del gobernador electo, deja a Veracruz en un estado de incertidumbre.
Por un lado, la lacerante deuda que se tiene con varios sectores de la sociedad, que no es posible resolver de tajo.
Enfrente, las exigencias de que se pague a la voz de ya.
Esas son posiciones en que se encuentran los grupos que representan al gobierno en funciones y el del gobernador electo.
Lo cierto es que, la realidad, sus circunstancias, nos permiten considerar que se está lejos de cumplirse en su totalidad, la exigencia del pago de todos los adeudos, sin embargo, el estado como institución debe seguir adelante, no puede pararse, no es válida la paralización del estado en momentos en que la crisis es severa, como se ha reconocido por las mismas autoridades.
Ante esta nueva realidad, en la que existen dos posturas confrontadas, lo esperado es que en alguien debe de caber la prudencia, el sentido común y el apego a la legalidad, para avanzar rumbo a la histórica transición democrática.
Que sean las autoridades de procuración de justicia quienes pongan a cada quien en su lugar, que todo aquel que tenga responsabilidad, responda ante la autoridad, la que debe aplicar la ley de manera estricta, severa, ejemplar, para que nunca más vivamos esta triste realidad.
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