Un juzgado de Moscú decretó hoy arresto domiciliario para el ya ex Ministro de Economía de Rusia, Alexéi Uliukáyev, detenido in fraganti al aceptar un soborno de dos millones de dólares que al parecer exigió a la petrolera pública Rosneft a cambio de permitirle privatizar otra empresa del sector.
El tribunal ha considerado que las pruebas preliminares reunidas por la acusación son suficientes para incriminar a Uliukáyev y ha declinado dejarle en libertad al entender que podría “fugarse, presionar a los testigos o influir de otra manera” en la investigación.
Poco después de que el juez decretara el arresto domiciliario, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, destituyó a Uliukáyev de su cargo “por pérdida de confianza”, según anunció el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
El Comité de Instrucción (CI) ruso, la autoridad judicial que ha abierto un procedimiento penal contra el ex Ministro, asegura tener todas las pruebas para demostrar la culpabilidad de Uliukáyev, que podría ser condenado a una pena de hasta 15 años de prisión.
“La investigación dispone de una serie de pruebas de peso -incluidas grabaciones de audio y vídeo, declaraciones de testigos-, que por ahora no se han hecho públicos” para preservar el secreto de sumario, explicó a los periodistas la portavoz del CI, Svetlana Petrenko.
Según las autoridades rusas, el hasta hace unas horas Ministro de Economía, de 60 años, fue detenido en el momento en que recibía el soborno, en una operación organizada por el Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB, antiguo KGB).
La culpabilidad de Uliukáyev -que él ha negado tanto durante las cinco horas que duró su interrogatorio como en el juicio celebrado para decidir las medidas preventivas en su contra- será probada por una sustancia específica que quedó en sus dedos cuando tomó en sus manos el dinero, agregó Petrenko.
El acusado manifestó en la sala del tribunal su “máxima disposición a cooperar con la investigación”, pese a que durante el interrogatorio, según declaró el fiscal, se negó a ofrecer su versión de los hechos.
“No admite su culpabilidad y sostiene que ha sido víctima de una cruel provocación, que no tomó el dinero en sus manos”, aseguró a los periodistas el abogado de Uliukáyev, Timoféi Gridnev.
La noticia, que se dio a conocer esta madrugada, cayó como un jarro de agua fría entre la clase política rusa, aunque al menos el presidente, Vladímir Putin, estuvo al tanto de la investigación desde el primer momento, según informó el Kremlin.
“Es un acontecimiento duro para el Gobierno. No alcanzo a entender lo sucedido. Ayer hablé con el presidente del país y él es de la misma opinión”, señaló el jefe del Ejecutivo ruso, Dmitri Medvédev.
Al mismo tiempo, destacó que la detención de uno de cargos públicos más importantes e influyentes del país demuestra que “nadie tiene inmunidad al cometer delitos de corrupción”.
El veterano líder de la oposición liberal rusa, Grigori Yavlinski, salió en defensa de Uliukáyev y calificó la detención, -practicada al parecer de madrugada en la mejor tradición de las purgas estalinistas- de una “potente exhibición para atemorizar al funcionariado” al servicio del Kremlin.
“Todos deben saber que a cualquiera le puede suceder cualquier cosa en cualquier momento. Este es el mensaje”, escribió Yavlinski en Facebook.
La corrupción, lamentó el líder del partido “Yábloko”, es en la Rusia actual un instrumento que puede ser empleado para destruir a cualquiera.
También descartó que lo sucedido sea una forma de limpiar el Gobierno de Medvédev de sus miembros más liberales, al menos en la vertiente de política económica, entre los que algunos analistas incluían al Ministro detenido.
“Uliukáyev es un funcionario absolutamente leal al presidente. Al frente del Ministerio de Economía apoyó la guerra híbrida contra Ucrania, la anexión de Crimea, la guerra en Siria y todas las leyes represivas”, recordó Yavlinski.
Según las primeras informaciones filtradas a los medios, los servicios de inteligencia llevaban varios meses investigando a Uliukáyev, después de que éste supuestamente amenazara a Rosneft con frustrar la absorción de Bashneft, otra petrolera estatal, si no recibía una compensación a cambio.
Cuando el Gobierno ruso planteó la privatización del 50 % de las acciones de la petrolera Bashneft, Uliukáyev señaló en un principio que la compra de la compañía por otra petrolera estatal rusa le parecía incoherente por la titularidad pública de ambas.
Pero ya el pasado septiembre, el titular de Economía precisó que la operación en la que estaba interesada el gigante Rosneft era jurídicamente posible pues la ley sobre la privatización no lo prohibía expresamente.
Finalmente, en octubre pasado la compañía presidida por Ígor Séchin, al que se sitúa entre los amigos personales de Putin, adquirió por 329.700 millones de rublos (5.006 millones de dólares) el 50 % de las acciones de Bashneft.
