En las últimas semanas, he sido participe de diversos foros en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Junto con especialistas, hemos coincidido que el Sistema Nacional Anticorrupción es el instrumento para hacerle frente a este mal que ha carcomido las entrañas del país.

Si bien, es aún perfectible, lo iremos fortalecimiento, a fin de recuperar el valor de la honestidad en el servicio público.

Un claro ejemplo de esto ha sido plasmado en el más reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre el monitoreo de la corrupción en nuestro país, el cual se centra en cómo, a través de empleados públicos que son quienes tienen el primer contacto con el ciudadano, se puede acabar con «las mordidas», «los moches».

Los expertos internacionales refieren el caso de Querétaro, a través de un monitoreo en el proceso de trámites para licencias de construcción pues, aunque pudiera pasar desapercibido, un trámite tan rutinario como éste puede ser el eslabón de un escándalo de corrupción, por lo que los niveles básicos del gobierno se tornan prioritarios para nosotros.

Desafortunadamente, a lo largo y ancho del país, a través de los años, nos hemos topado con fraudes en desarrollos inmobiliarios, con permisos que alguien dio en zonas donde no había permiso para esto, donde se benefició a «x» o «y» personaje: ¡y todo empieza precisamente con un trámite de una licencia!

Datos oficiales arrojan que 90 por ciento de las solicitudes para una licencia, en todo el país, tiene al menos una irregularidad pero sólo 19 por ciento de éstas son rechazadas debido a que el solicitante y servidor público “se pusieron de acuerdo”; peor aún, es que subiendo el monto de la inversión del proyecto, los “apoyos” para agilizar los trámites van escalando la estructura gubernamental de manera corrosiva.

De ahí que, sin ser receta de cocina, el BID proponga como un primer paso para cortar de tajo la corrupción, la rendición de cuentas por parte del gobierno (sin importar si es municipal, estatal o federal) y que, por otra parte, los ciudadanos reclamen este acceso a la información gubernamental. Usted mismo que me lee puede hacerlo a través herramientas que tenemos como el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) o, a nivel nacional, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El segundo paso, nos aconseja el BID, son las auditorías externas y, un tercero, los mecanismos de transparencia como un control de la corrupción: y retomo el caso de Querétaro.

En dicho punto del país, el BID puso en marcha un sistema de monitoreo de cincuenta solicitudes de licencias, en la Oficina de Licencias de Construcción de la Secretaría de Desarrollo Urbano, notificando de esto a los inspectores. A la par, revisaban otras cincuenta que acababan de ser presentadas y que supuestamente no estarían bajo la lupa. Los resultados fueron sorprendentes.

El reporte del BID arroja que en las primeras semanas del estudio, el comportamiento de los funcionarios en relación con las solicitudes que sabían estaban siendo monitoreadas, fue apenas distinto de su comportamiento respecto a las que no sabían que no eran controladas. A los dos meses, ya con reporte en mano de observaciones específicas, los directores notificaron a los inspectores sobre esto, pidiendo ser más cuidados en su trabajo, lo que incrementó las solicitudes rechazadas, dado el tiempo que dedicaron ahora a las revisiones.

La supervisión es, por ende, el cuarto paso para el combate a la corrupción: un indicador de que el Sistema Nacional Anticorrupción cumplirá su cometido.

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