El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, sostuvo que la Unidad de lo Contencioso Electoral ha iniciado investigaciones sobre el financiamiento de propaganda en revistas que incluyen algunos políticos en sus portadas. Se pretende verificar si hubo recursos públicos en tales publicaciones y, por ende transgresión de las prohibiciones sobre la materia.
Entrevistado al término de la inauguración del seminario ‘La precisión de las cuestas electorales’, Córdova se refirió a las descalificaciones del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, sobre la decisión reciente de la comisión de Quejas y Denuncias para retirar publicaciones donde aparece el mandatario local. «Bienvenido el debate político sobre las decisiones del INE pero la vía para expresar su inconformidad es la judicial», pero lo conminó a no sobre reaccionar.
Tras señalar que el INE es un órgano colegiado donde a veces hay diferencias y en otras consensos, Córdova dijo coincidir con gran parte de las decisiones que ha adoptado la Comisión de Quejas y Denuncias relacionadas con las diferentes apariciones de políticos en revistas. Por ejemplo, la instrucción de retirar una «desproporcionada propaganda» de la publicación de una revista y que se ha ordenado ser retirada.
Incluso, dijo a pregunta expresa, en el caso de Moreno Valle para acotar la promoción indebida de diversos actores políticos, en su caso, que bueno que se discutan las decisiones pero, la ruta legal es la que correspondería para los actores políticos y sociales que se o conformen con una decisión.
«Con independencia del caso, rumbo a las elecciones más complejas, me permite hacer un llamado a la responsabilidad de los servidores públicos, el INE es el garante de que esas reglas ni se transgredan, las reglas están sujetas a interpretación y por eso existe la vía judicial, muero una cosa es eso y otra la responsabilidad de los actores políticos».
Señaló la importancia que tiene para el INE pugnar porque no existan violaciones al artículo 134 constitucional que prohíbe la promoción personalizada de servidores públicos.
