Si a mí me hicieran un planteamiento así en tono de pregunta, de inmediato, sin pensarlo siquiera mi respuesta sería negativa. Aparentemente y es la percepción de mucha gente, a veces no sin arrogancia, que en el pacto federal en las materias fiscal y hacendaria es más lo que se pierde que lo que se gana, es más lo que se da que lo que nos devuelven.
Y lo digo en específico en el caso de Veracruz. Existe la idea infundada de que nuestro estado puede ser autosuficiente en esa e incluso en otras materias que nos podemos valer por nosotros mismos. ¡Es que tenemos petróleo, tenemos agricultura, tres puertos de gran calado entre ellos el más importante comercialmente hablando de la República Mexicana, industria, comercio, 12 o 14 ciudades medias, y tenemos una muy importante recaudación por I.V.A. e I.S.R., más un largo etcétera!
De los primeros productos no hay duda, pero de lo que se recauda por el gravamen que se carga al consumo y al ingreso no estoy seguro. No hay una cifra precisa que deje en claro cómo andamos en esos renglones con respecto a lo que entregamos a la federación y esta nos devuelve vía participaciones federales y el presupuesto de egresos. En lo que respecta a materias primas como petróleo, gas, energía eléctrica y subproductos de la industria petrolera como la petroquímica, finalmente esta riqueza es de la nación más allá de que se produzca en suelo veracruzano.
Pero la verdad es que pertenecer al sistema nacional de coordinación Fiscal y hacendaria desde la perspectiva de las entidades federativas, ofrece más ventajas que desventajas desde cualquier ángulo que se le quiera ver. Hasta antes de 1978, que es el año en que se estableció el actual sistema de coordinación entre la federación y los estados, en México se vivía un desorden por no decir que anarquía en materia de recaudación y fiscalización, se habla de que había más de 400 impuestos, algunos generales y otros locales que hacían inviable un buen sistema confiscatorio. Cada entidad federativa cobraba los impuestos que se le venían en gana, más los respectivos productos, derechos y aprovechamientos que los municipios cobraban por concepto de pago de servicios.
A partir del 78 la federación y los estados se ponen de acuerdo a través de un convenio de coordinación fiscal y convienen el establecimiento de solo dos impuestos generales: el impuesto al valor agregado para todos aquellos productos que llevan un valor agregado por su manufactura o elaboración, y el que gravaría el ingreso de las personas físicas y morales, es decir, el impuesto sobre la renta. A partir de ahí el gobierno federal se haría cargo de administrar todo ese sistema impositivo que quedaría establecido en la Ley de Ingresos de la Federación, con todas las salvedades que ello conllevaba, y acordando la federación y los estados que cargas fiscales específicas podrían imponer de manera particular, inclusive los municipios, a los ciudadanos.
A partir de la recaudación, la federación entonces integraría una gran bolsa de recursos fiscales que devolvería a través del PEF fundamentalmente buscando los siguientes objetivos: el principio de subsidiariedad, ser equitativo para compensar, resarcir, restituir y complementar, a través de fondos especiales, contingentes (Fonden) o ramos de gasto orientados a renglones muy específicos del quehacer público como: educación, salud, inversión pública (infraestructura, carreteras, caminos, puentes, obras de agua, energía eléctrica, etc.). Buena parte de esos ramos tendrían que ser ejercidos con la participación al menos en lo que corresponde a la planeación de las obras y acciones a través de comités de participación social.
Al sistema de coordinación fiscal se le han buscado muchos defectos, especialmente en el sentido de está controlado por la Federación y en concreto por el Ejecutivo Federal, a grado tal que ha hecho dependientes económicos de la Federación a las entidades federativas y municipios, cosa que tiene mucho de cierto; para ello se han tratado de mejorar las formas que se utilizan para que su distribución sea más justa y equitativa, pero el sistema ofrece una ventaja que no hay que descartar y esta consiste en que no es fácil el ejercicio recaudatorio. Es muy fácil gastar, disponer y ejercer que salir a cobrar, a imponer una carga impositiva a la que el ciudadano muchas veces no está dispuesto a acceder.
Pero además hay otra cosa, así como están las cosas, es muy probable que si de los estados dependiera la recaudación fiscal seguramente habría un sentido discrecional a la hora de cobrar impuestos, es decir, porque este es mi cuate o es afín a mi simpatía política, bueno pues a este lo voy a exentar o le voy a dar todas las facilidades para eludir, evadir o incluso exentar de tal o cual carga fiscal y, por el contrario, a mis enemigos les voy a echar encima toda la batería fiscalizadora. La verdad es que, al menos yo, no confiaría en un sistema tributario que manejaran las autoridades estatales.
Mejor que la Federación siga asumiendo esa función, difícil, con la que nunca los ciudadanos vamos a estar conformes, pero es más, cuando es poco lo que hay y se lo malgastan o de plano se lo roban, pues así no hay recurso que alcance.
www.cronicadelpoder1@nullgmail.com @marcogonzalezga