El Senado brasileño aprobó hoy en forma definitiva, por 53 votos frente a 16, un polémico proyecto de ley presentado por el Gobierno de Michel Temer que limitará el aumento del gasto público durante los próximos veinte años.
El proyecto tramitó con carácter de enmienda constitucional, por lo que debió ser sometido a dos votaciones en el pleno de la Cámara Alta, que hoy dio su segunda sanción a pesar de las protestas de la minoritaria oposición, que llegó a calificar la propuesta de “crimen de lesa patria”.
Según los críticos de esa medida, ese límite impondrá severos recortes del gasto público durante las próximas dos décadas en áreas en las que el país requiere de una ingente presencia del Estado, como la salud, la educación y la atención de los más pobres.
La oposición fracasó en sus intentos de frenar la votación tanto en el Senado como mediante una demanda de inconstitucionalidad que presentó ante la Corte Suprema y que ni siquiera fue aceptada por el magistrado Luis Roberto Barroso, uno de los once miembros del tribunal.
La enmienda constitucional aprobada dice que el aumento del gasto público anual estará limitado durante los próximos veinte años a la tasa de inflación del ejercicio anterior y que ese techo solo podrá ser revisado una vez transcurrida la primera década.
Según el Gobierno, ese límite detendrá el proceso de aumento de la deuda pública en relación al producto interno bruto (PIB), lo que considera “indispensable” para recuperar el equilibrio fiscal.
Los datos oficiales dicen que, entre 1997 y 2015, el gasto público en Brasil creció a una media del 6 % por encima de la inflación del año anterior, lo que el Ministerio de Hacienda ha calificado de “insostenible”.
El Gobierno argumenta que, entre 2008 y 2015, ese proceso se acentuó, el gasto aumentó hasta un 50 % respecto a la inflación y esa diferencia fue financiada con emisión de deuda, lo cual impactó en las arcas públicas y en toda la actividad económica del país, que está hace dos años en una profunda recesión.
La senadora Fátima Bezerra, del Partido de los Trabajadores (PT), que hoy pidió cancelar los debates, dijo que el Gobierno “solo quiere revocar por 20 años las inversiones para los más pobres, pero sin proponer un techo para pagarle la deuda a los banqueros”.
Según Bezerra, se trata de un “delito de lesa patria” que ya “ha sido condenado por la mayoría de la población”.
En ese marco, la senadora del PT citó una encuesta publicada hoy por el instituto Datafolha, según la cual al menos el 60 % de los brasileños está en contra de imponer ese límite al gasto, que solo cuenta con el apoyo del 24 % de la sociedad.
Frente a la votación realizada en el Senado, sindicatos y movimientos sociales han convocado una jornada de protestas, que llevó a las autoridades de Brasilia a reforzar la presencia policial en los alrededores del palacio legislativo.
Para garantizar la seguridad, también fue cortado el tránsito de vehículos en la Explanada de los Ministerios, una céntrica avenida de la capital en la que se sitúan todos los edificios del poder, incluidos el Parlamento y el Palacio presidencial de Planalto.
