El Tribunal Constitucional español anunció este miércoles que «suspende cautelarmente» una resolución del Parlamento de Cataluña que prevé convocar un referendo de independencia en 2017, al admitir a trámite un recurso presentado por el gobierno.
En una nota de prensa, el alto tribunal indicó que ha acordado «tramitar el incidente de ejecución de la Abogacía del Estado», por una resolución aprobada el 6 de octubre en el Parlamento catalán que contempla llamar a esa consulta, a la que se opone el gobierno conservador de Mariano Rajoy.
El comunicado precisa que el Parlamento de Cataluña, dominado por una coalición partidaria de la secesión, dispondrá de veinte días para formular «las alegaciones que estimen oportunas».
Y recuerda a la presidenta de la cámara, Carme Forcadell, y también al presidente regional Carles Puigdemont «su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada» de manera cautelar.
La próxima semana el mandatario catalán tiene previsto celebrar una reunión con partidos políticos, sindicatos y asociaciones para iniciar los preparativos de este voto, ahora suspendido.
El Constitucional, con sede en Madrid, deberá ratificar o levantar esta suspensión «en un plazo no superior a cinco meses», puntualiza el texto.
En 2014, el alto tribunal ya decretó en otra sentencia referida a Cataluña que bajo la actual Constitución una región «no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación» dado que la Carta Magna se fundamenta en «la indisoluble unidad de la Nación española». La decisión de este miércoles es un nuevo capítulo en la saga judicial que opone a las autoridades españolas y al gobierno independentista catalán de Carles Puigdemont, quien ha prometido convocar unilateralmente un referendo de autodeterminación en septiembre de 2017.
La resolución del 6 de octubre tiene su raíz en otra adoptada por la cámara catalana en noviembre de 2015, de mayoría separatista tras los comicios regionales del 27 de septiembre de ese año.
En dicha resolución se dio por iniciado el llamado «proceso» de desconexión respecto al Estado español, encaminado a una hipotética independencia en el futuro.
El comunicado del Constitucional recuerda que ya se pronunció sobre esta resolución fundadora, declarándola inconstitucional y nula. Amparándose en esta jurisprudencia, el gobierno español recurre sistemáticamente toda iniciativa del Parlamento catalán tendente a una secesión.
