El diputado Bingen Rementería Molina presentó ante el Pleno de la LXIV Legislatura una iniciativa de Ley de Disciplina Financiera para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y sus Municipios cuyo objetivo es ordenar las finanzas, incorporando elementos específicos de responsabilidad hacendaria, regulación de las operaciones de crédito, refinanciamientos y reestructuras, en el marco de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Durante la décima primera sesión ordinaria, del primer año de labores, el diputado propuso esta iniciativa no solo por cumplir al mandato federal, sino por diversas causas que afectan la entidad veracruzana como son el endeudamiento excesivo de la deuda subnacional, el crecimiento poblacional y la baja recaudación local.
El legislador Rementería Molina advirtió que la situación del Estado de Veracruz merece atención especial, ya que su deuda directa creció exponencialmente, pasando de 3 mil 500 millones de pesos en el año 2004 a un poco más de 42 mil millones de pesos en el 2015, esto quiere decir que la deuda aumentó catorce veces en once años, aseguró.
La propuesta prevé que las iniciativas de Ley de Ingresos y de Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado, deban elaborarse conforme a lo establecido en el Código Financiero para el Estado, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño.
Estos deberán ser congruentes con el plan estatal de desarrollo y los programas derivados del mismo.
Toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos deberá acompañarse con la correspondiente iniciativa de ingreso o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.
No procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos, determinado por ley posterior o con cargo a Ingresos excedentes.
El Presupuesto de Egresos del Estado deberá prever recursos para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales, así como para llevar a cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto a las finanzas estatales.
El Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) realizará una estimación del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decretos que se presenten a la consideración del Congreso. Asimismo, realizará estimaciones sobre el impacto presupuestario de las disposiciones administrativas que impliquen costos para su implementación.
El Congreso, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, autorizará los montos máximos para la contratación de financiamientos y obligaciones.
Para el otorgamiento de dicha autorización, el Congreso deberá realizar, previamente, un análisis de la capacidad de pago del ente público a cuyo cargo estaría la deuda pública u obligaciones correspondientes, del destino del financiamiento u obligación y, en su caso, del otorgamiento de recursos como fuente o garantía de pago.
Firman como coautores los diputados Sergio Hernández Hernández, Juan Nicólas Callejas Roldán, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot y Fernando Kuri Kuri.
-adecuarían código financiero a ley de disciplina financiera-
El diputado Juan Manuel de Unanue Abascal presentó una iniciativa que reformaría el Código Financiero para el Estado de Veracruz a fin de adecuarlo a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, misma que tiene por objeto el establecimiento de principios presupuestarios, de deuda pública y transparencia, incluyendo el uso responsable y moderado del endeudamiento público para financiar el desarrollo.
Esta reforma, indicó el legislador, garantizará la protección financiera del Estado, al establecerse límites y procedimientos claros, que permitan el control, pero sobre todo, la prevención de excesos de endeudamiento local en perjuicio de la hacienda pública veracruzana.
Para la sociedad, se reportarán beneficios tangibles: mejores condiciones de contratación de financiamientos, mediante procesos competitivos y transparentes, y que los recursos obtenidos sean destinados a la inversión pública productiva, para el bienestar de la mayoría, sostuvo.
Ambas iniciativas fueron turnadas a las comisiones permanentes unidas de Hacienda del Estado y de Hacienda Municipal para su estudio y dictamen correspondiente.
